"Me preocupan las declaraciones de los funcionarios de Bangladés de que en abril planean trasladar a 23.000 refugiados rohinyás del campamento de Cox's Bazar a Bhasan Char, una isla recién emergida en la Bahía de Bengala", declaró Lee este 11 de marzo en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según ella, un lugar mal preparado y el desplazamiento de los refugiados sin su consentimiento podrían provocar una nueva crisis.
En respuesta a ello, un representante de Bangladés dijo que los datos de la relatora especial "no del todo se corresponden con la realidad" y que la isla Bhasan Char está completamente preparada para recibir a las personas de Cox's Bazar: hay viviendas, acceso a agua limpia e higiene.
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Lee también expresó su preocupación por el aumento de los casos de deportación de los refugiados rohinyás en todo el mundo, en particular desde la India y Arabia Saudí.
Reiteró la necesidad de llevar la situación con los rohinyás en Birmania ante la Corte Penal Internacional (CPI).
"Las víctimas no deben permanecer en el limbo de la inacción internacional. Si no es posible llevar la situación ante la CPI, la comunidad internacional debe considerar la posibilidad de crear un tribunal independiente", dijo la relatora especial.
Por su parte, el representante permanente de Birmania en la oficina de la ONU en Ginebra, Kyaw Moe Tun, declaró que la transferencia del caso a la CPI es inaceptable porque este tribunal "no tiene jurisdicción sobre Birmania".
Más de 745.000 rohinyás, un grupo étnico musulmán bengalí del norte del estado birmano de Rakáin, huyeron a la zona limítrofe de Bangladés desde finales de agosto de 2017, en medio de un brote de violencia provocado por un ataque del llamado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (antiguo nombre de Rakáin) contra 30 puestos policiales y la operación militar llevada a cabo por los militares birmanos en respuesta.
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La operación militar se saldó con más de 400 muertos.
Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana estimada entre 1,1 y 1,5 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes; el conflicto y la crisis humanitaria se agravaron especialmente con la transición política de un régimen militar a uno civil ocurrida entre 2011 y 2012.
