Bolivia tiene aún fresca la memoria sobre las ayudas procedentes de ese país que ocasionaron mucho dolor e indignación. En el año 1962 los Cuerpos de Paz (Peace Corps) de los Estados Unidos realizaron la esterilización forzada de mujeres indígenas, aprovechando la buena fe, ignorancia y necesidad de las poblaciones empobrecidas.
En el año 2000 publicaciones de prensa en Estados Unidos informaban que una variedad de maíz genéticamente modificado, conocido como StarLink, fue encontrada en tacos (tortillas) para consumo humano. Lo grave de esas denuncias era que ese tipo de maíz creado mediante el uso de tecnología transgénica, estaba destinado a ser utilizado exclusivamente como alimento animal ya que no puede ser procesado por el ser humano.
La preocupación era grande por la incertidumbre de los posibles impactos de dicha tecnología en la salud, en el medio ambiente y más aún por la certeza de que genera dependencia tecnológica. Por presión de la sociedad civil, el entonces Gobierno boliviano estableció una moratoria para la producción e introducción de esa tecnología.
A sabiendas de que el principal productor de transgénicos es EEUU, en el año 2001 varias organizaciones de la sociedad boliviana, de la cual formaba parte la autora de estas líneas, junto a ciudadanos de otros tres países decidimos realizar el análisis de laboratorio de muestras de la 'ayuda alimentaria' canalizada mediante la USAID.
Ante la presencia de un Notario de Fe Pública se realizó la toma de muestras de mezclas de soya y maíz y de trigo y soya, y fueron enviadas al laboratorio norteamericano Genetic ID. Los resultados fueron contundentes ya que confirmaron la presencia de transgénicos, peor aún se confirmó que se trataba de maíz StarLink.
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La denuncia realizada por el Fobomade, causó un revuelo y la Embajada norteamericana se vio obligada a dar explicaciones mediante un comunicado el 2 de mayo del 2001 indicando que "lo único cierto de esa historia es que algunos de esos alimentos son efectivamente modificados genéticamente. Sin embargo es totalmente falso que Estados Unidos usa a los países pobres de América Latina como conejillos de indias para promocionar una nueva tecnología peligrosa e innecesaria".
El descaro sobrepasaba todo límite, pues habiéndose demostrado la presencia del maíz StarLink no apto para el consumo humano en la ayuda alimentaria de la USAID, la Embajada norteamericana dijo que "todos los alimentos que se envían al exterior, son exactamente los mismos que consumen los 280 millones de estadounidenses".
La USAID y la Embajada de Estados Unidos tenían conocimiento pleno de que Bolivia había declarado una moratoria a esa tecnología, pero decidieron imponer su 'ayuda'.
Ayuda alimentaria peligrosa para los enfermos de Sida
En el año 2002 varios países africanos —Angola, Malaui, Zambia, Zimbabue, Lesoto, Mozambique y Suazilandia— expresaron su profunda preocupación y rechazo a la llamada ayuda alimentaria transgénica que Estados Unidos pretendía enviar.
Se supo posteriormente que el Congreso norteamericano, mediante la ley pública 108-25 condicionaba la ayuda a enfermos de Sida y otras enfermedades, a la obligatoriedad de recibir esos productos transgénicos.
Sin reparos ante las protestas y preocupaciones genuinas de los países africanos, los congresistas aprobaron que "el Congreso considera que la asistencia alimentaria de EEUU debe ser aceptada por países con grandes poblaciones de personas infectadas o que viven con VIH/Sida, especialmente en países africanos, para ayudar a alimentar a esas personas".
Al cabo de un tiempo, algunos de estos países no tuvieron otra salida y aceptaron esos productos, a condición que fuesen triturados, con el objetivo de al menos evitar su plantación accidental. Por su parte, el entonces Gobierno de Zambia decidió rechazar la ayuda transgénica, insistiendo en que los riesgos de alimentar a su población con esos productos eran demasiado grandes.
De manera muy similar a lo que ocurrió en Bolivia, un funcionario estadounidense dijo a África que "los que piden limosna no tienen derecho a elegir". Los países africanos que querían aplicar el llamado 'principio de precaución' por la peligrosidad que implicaba el consumo de transgénicos se quedaron sin opción ante la magnitud de la crisis.
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Ayuda alimentaria y bases militares
A inicios del año 2000 la prensa ecuatoriana reportaba que la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright visitaría el país andino y pretendía recabar apoyo para el Plan Colombia y que enfatizaría en Quito su reconocimiento al Ecuador por el apoyo en la lucha contra el narcotráfico, y la concesión a la Base de Manta. Además, firmaría un acuerdo por 20 millones de dólares para asistencia alimentaria a los colombianos desplazados en la zona fronteriza.
Así lo hizo. La secretaria de Estado visitó Ecuador y donó alimentos con el auspicio del Programa PL-480, 'para los niños de escasos recursos' en nombre de Estados Unidos.
Curiosamente, ese año no se reportó crisis climática que derivara en escasez de alimentos, como ocurrió en ese país en 1998. No obstante en la frontera con Colombia había problemas serios por el desplazamiento de indígenas colombianos cuyos campos eran fumigados con glifosato, que por cierto era parte de los mecanismos de eliminación de sembradíos de coca, llevados a cabo por el ‘Plan Colombia'.
Valga recordar que el glifosato es parte de la tecnología transgénica que se usa para combatir las malas hierbas. A esta triste historia hay que agregar que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como cancerígeno para los seres humanos.
Durante su comparecencia ante la prensa, Albright dijo: "Estamos proporcionando varios millones de dólares para mejorar la presencia del gobierno en la frontera con Colombia y estamos ayudando en áreas importantes como la salud, la reforma judicial, la educación y el medio ambiente".
En relación a la base de Manta dijo: "Creo que debería ser visto como un hecho positivo en términos de la economía ecuatoriana porque allí se están realizando mejoras en la construcción por más de 60 millones de dólares y la mayoría de los materiales y la mano de obra en realidad provienen de Ecuador".
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Cabe recordar a todo esto que, ante su inminente retirada, en cumplimiento de los acuerdos sobre el Canal de Panamá, Estados Unidos recurrió a la firma de varios acuerdos para ampliar su presencia militar en Latinoamérica y el Caribe, habiendo logrado en el año 1999 finalizar la redacción de un acuerdo con Ecuador para el uso de Manta, a inicios del siguiente año logró el acuerdo con Aruba y Curazao y con El Salvador.
A decir de los oficiales del Departamento de Estado norteamericano, esos sitios permitirían una mayor cobertura de la región, más allá de la cubierta por la Base Aérea de Howard en Panamá.
El convenio causó animadversión en amplios sectores de la sociedad ecuatoriana. El rechazo giraba principalmente en torno a la pérdida de soberanía por la presencia de militares norteamericanos en territorio ecuatoriano y por la directa relación que había con el Plan Colombia.
Ayuda que genera dependencia
La tan mentada 'ayuda humanitaria' o 'ayuda alimentaria' norteamericana, en los hechos obedece a su estrategia de orden político y comercial. El vecino del norte no realiza acciones aisladas y es ingenuo pensar que se muevan por solidaridad o altruismo, para ellos el lema de "América para los americanos" rige todas sus acciones.
Esas 'ayudas' se utilizan para colocar producción excedentaria y están orientadas a cambiar los hábitos alimentarios de la población, que deja de consumir productos locales, muchos de ellos ricos en proteínas y calorías, y demanda productos congelados o deshidratados que son cada vez menos naturales, tal es el caso de los transgénicos. Las poblaciones receptoras dejan de cultivar y se desalienta la producción nacional.
Es sabido que Estados Unidos y sus aliados son los promotores de muchas crisis humanitarias en diferentes regiones del mundo mediante invasiones, el uso de mecanismos de sanciones económicas y financieras, hundiendo economías y países, para luego ofrecerles auxilio.
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Los países donantes de ayuda deberían cumplir de manera estricta la resolución 46/182 y deberían demostrar que sus productos cumplen los requisitos mínimos de salubridad bajo las normativas internacionales y demostrar que son inocuos. Y si la ayuda es genuina, deberían estar abiertos al escrutinio.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
