"En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, someter a una niña a un embarazo forzado constituye tortura", dijo a Sputnik Florencia Vallino, abogada de la familia y miembro de Andhes.
En el marco de la causa judicial por el abuso sexual a la que había sido sometida por la pareja de su abuela, el 11 de febrero Lucía había dicho en cámara gesell: "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", publicó Página 12.
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Sin embargo, en el Eva Perón le inyectaron corticoides para hacer madurar al feto. Dilataron la interrupción del embarazo por cuanto tiempo pudieron, incluso a pesar del deterioro en la salud de la niña. Finalmente el miércoles 27 de madrugada le realizaron una microcesárea. El martes había intercedido la jueza civil de Familia de la 5ª Nominación para que se se garantizara su derecho al aborto. Del útero de Lucía sacaron una criatura que pesa 600 gramos y tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir.
Lo dice la ley
En Argentina, el Código Penal de 1921 tipifica como delito el aborto, pero lo permite bajo la causal de violación. En 2012, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Argentina sentó jurisprudencia señalando que se debe garantizar el derecho y las "provincias están obligadas a avanzar" en ese sentido, recordó Vallino. En 2016 se elaboró un protocolo específico para la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Allí se estableció que las niñas menores a 14 años deben manifestar su voluntad de abortar y un adulto acompañante debe consignar un consentimiento informado.
La mamá de la niña firmó el documento, pero las autoridades de salud le exigieron el consentimiento del otro progenitor —con el que Lucía no tiene vínculo—, aunque no fuera necesario. "Eso no es lo que marca el protocolo", señaló Vallino, marcando una de las tantas irregularidades del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de Tucumán.
La interrupción
Cuando el martes 26 el Siprosa se propuso cumplir con la exhortación de la jueza para hacer valer la voluntad de la niña, no había ningún médico ni funcionario dispuesto a llevar adelante la ILE: todos son objetores de conciencia. A las 21.00 se convocó a dos profesionales del sistema privado de salud, para que esa misma noche realizaran el aborto.
"Estos profesionales no conocían a Lucía (…) cuando llegaron y la vieron se encontraron con un cuadro distinto al que esperaban, con una complejidad particular", indicó Vallino. En una entrevista con TKM, una de las médicas que participó en la interrupción contó que el secretario de salud provincial, Gustavo Vigliocco, les dijo que la niña pesaba "más de 50 kilos y medía más de 1,50 metros", pero sin embargo, "era mentira: se trataba de un cuerpo infantil".
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Vallino también contó que antes de la operación "irrumpieron en la habitación agentes de la fuerza de seguridad de la provincia, que les estaban queriendo tomar los datos a los familiares". "Desconocemos si eran realmente agentes de la fuerza de seguridad o no (…) se está investigando (…) nada tenían que hacer ahí violando el derecho a la intimidad de la familia y de Lucía", apuntó.
Después de la interrupción, se presentaron agentes del Ministerio Público para tomar los datos a los médicos que practicaron el aborto. "Entendemos que esa es una actitud que busca amedrentar a los profesionales de la salud".
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Lo judicial
Recién el lunes 25 Andhes se pudo contactar con la familia y conversar con Lucía y su mamá. Al día siguiente, junto al Cladem, realizaron una presentación administrativa en el hospital, para dejar constancia por escrito de que exigían que se aplique el protocolo.
Ese martes la jueza de Familia también se pronunció al respecto: ordenó al Siprosa a aplicar el protocolo y dejó constancia de que no es necesario una orden judicial para que se aplique, y que en virtud del fallo FAL de la CSJ, "se debía haber producido sin dilaciones desde que la niña ingresa y manifiesta su voluntad", indicó Vallino.
Vallino contó que una fiscalía penal de la provincia por su cuenta libró un oficio para que no se lleve adelante la ILE en el hospital.
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A ninguna autoridad le importó que ella quería sacarse eso que le había puesto adentro el viejo, que era su derecho.
"En Tucumán no se está aplicando de manera adecuada el protocolo para la ILE —aseguró Vallino—. Nuestra intención es que esto no vuelva a pasar, que no se vuelva a someter a una situación de tortura a otra niña, y para ello, es necesario garantizar la aplicación del protocolo".
También que se identifiquen y hagan públicas las irregularidades cometidas, y que los funcionarios públicos sean responsabilizados por su accionar. "Es importante señalar para que no se vuelva a repetir".
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El caso de Lucía en Tucumán está lejos de ser uno aislado. En enero y febrero de 2019 se reportaron casos similares en la provincia del Chaco, Jujuy y Misiones. El caso de Lucía y de otras niñas con embarazo forzado que han tenido dificultades para acceder a la interrupción legal de su embarazo o directamente han sido obligadas a parir, es reflejo de una práctica institucional característica de las provincias que se niegan a reconocer y garantizar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres amparados por ley.
