"Siete años de dolor. Siete años de lucha. Siete años en búsqueda de justicia".
Aquella jornada de 2012, una formación en la que viajaban 1.200 pasajeros no frenó cuando estaba ingresando a la terminal en plena hora pico, por lo que chocó contra el paragolpes de contención de la estación. Tras el impacto, los vagones se encastraron unos en otros. En el incidente murieron 51 personas, incluida una embarazada, y hubo 700 heridos.
Lucas Menghini tenía 19 años y tomaba la línea Sarmiento todas las mañanas para llegar a su trabajo en el centro de Buenos Aires. Como el tren venía abarrotado de gente, decidió refugiarse y viajar en la cabina que se encontraba entre los vagones 3 y 4. Estuvo desaparecido por tres días ya que su cuerpo sin vida no fue encontrado inicialmente por los policías y bomberos que realizaron el rastrillaje.
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"La tragedia de Once divide en dos la historia de la Argentina en varios sentidos. Por un lado en lo referido a la situación del transporte ferroviario en sí y por otro en cómo es leída la corrupción de los funcionarios y empresarios cuando se llevan la vida de inocentes", dijo a Sputnik Paolo Menghini, el padre de Lucas.
La tragedia de Once provocó que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner escindiera la cartera de Transporte del Ministerio de Planificación Federal y la fusionara con el Ministerio del Interior. En enero y mayo de 2013 se realizó la compra de más de 700 coches eléctricos nuevos para renovar las flotas de las líneas Sarmiento, Mitre y Roca, que conectan la capital argentina con su área metropolitana y que movilizan cientos de miles de pasajeros al día.
El Estado tomó control de las operaciones, hasta ese momento concesionadas a privados. La modernización del sistema de transporte ferroviario de pasajeros es continuada por la administración actual.
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Familiares de las víctimas y sobrevivientes leyeron un comunicado en el que demandaron que la Justicia dé marcha atrás en el sobreseimiento por el delito de estrago del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, la principal autoridad de los contratos de servicios ferroviarios y el responsable de los fondos de obras de infraestructura y transporte público entre 2003 y 2015.
De Vido, quien era ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, recibió cinco años y ocho meses tras las rejas. Fue absuelto del cargo de estrago culposo, un delito que pena a quienes hayan realizado un daño a gran escala y causado un peligro a la comunidad. Hoy ostenta aún el cargo de diputado nacional pero fue desaforado, por lo que se encuentra detenido desde octubre de 2017. Está imputado en múltiples causas de corrupción.
Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión. Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi, fue condenado a ocho años y es otro de los funcionarios de la administración de Cristina Fernández de Kirchner con gran número de causas por administración fraudulenta.
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Sergio Cirigliano, ex presidente de la empresa TBA —antes concesionaria de las líneas Sarmiento, Roca y Mitre—, recibió una pena de siete años de cárcel. Marcelo Calderón, quien era director de Cometrans, la empresa controladora de TBA, fue sentenciado a seis años. Ejecutivos de ambas empresas también fueron condenados a penas de entre tres y cinco años.
"La memoria es el eje de que las cosas no se repitan en este país. Es lo que sentimos con el corazón que hay que hacer: sostener el recuerdo, continuar la lucha por justicia y también para que no se repita", dijo Paolo Menghini.
