"Continuaremos en las trincheras, en la lucha, no vamos a desistir de la sociedad brasileña; el desmonte será muy grande, pero quiero pensar que los brasileños no están a favor de la violencia contra la población LGTB", explicó Larrat.
El Tribunal Supremo, la máxima institución judicial del país, decide estos días si toma medidas para criminalizar la homofobia y la transfobia, ante la omisión del Congreso Nacional, que es quien debería haber legislado sobre el tema.
Según Larrat, en Latinoamérica hay 11 países con legislación específica para el colectivo LGTB y cinco de ellos además definen de una forma u otra la homofobia como un delito.
Brasil, en cambio, no tiene legislación sobre el tema (la unión entre personas del mismo sexo, por ejemplo, es posible desde 2011, pero se debe a una decisión del Supremo, no de los parlamentarios).
Contra la narrativa del odio
Larrat explicó que los avances en materia LGTB en Brasil fueron escasos incluso durante los gobiernos progresistas de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016) debido al Congreso Nacional, cuyo conservadurismo ha ido a más en los últimos años, frenando todo tipo de iniciativas.
"Hay una bancada de oportunistas religiosos que se instaló en el Congreso (…) es una verdadera industria de iglesias que no pagan impuestos, que tienen inversiones internacionales, medios de comunicación… un aparato económico que los movimientos sociales no tienen", lamentó la presidenta de la asociación.
Ante la negativa del Congreso brasileño para aprobar leyes que protejan al colectivo LGTB, el magistrado Celso de Mello propuso el pasado 20 de febrero que la homofobia sea considerada una especie de "racismo social" para que pueda encuadrarse en la Ley de Racismo, que data de 1989 y que prevé penas de uno a cinco años de cárcel.
La mayoría de activistas LGTB brasileños coinciden en que la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro, con una trayectoria marcada por declaraciones homófobas, hará aún más difícil el avance en la conquista de derechos y que incluso aumentará la violencia contra las minorías sexuales al legitimar esa violencia de forma indirecta.
"Tenemos mucho miedo porque ahora la narrativa de odio y de persecución a los LGTB está sentada en la silla de la presidencia de la República, y esa violencia aumentará aún más; ante la ausencia de debate en el Poder Legislativo y con la persecución instalada en el ejecutivo tenemos que recurrir al (Tribunal) Supremo para que aporte un poco de luz", resumió Larrat.
Brasil es el país en el que se registran más asesinatos de personas LTGB en todo el mundo.
Según un informe del Grupo Gay de Bahía, entidad que recopila datos sobre asesinatos de este colectivo desde hace 39 años, en 2017 hubo 445 homicidios motivados por homofobia o transfobia, 30% más que en el año anterior.
Más aquí: Gobierno central y estados de Brasil firman un pacto contra la violencia homófoba
