Durante su interrogatorio, en respuestas a pregunta de la Fiscalía, Sànchez defendió la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017 pese a producirse en unos términos que el Tribunal Constitucional advertía como fuera de la ley.
"Es cierto que no hay democracia sin ley, pero lo que no puede haber es una ley que ahogue a la democracia para no permitir una evolución de derechos, como el derecho a la autodeterminación", dijo Sánchez en defensa del referéndum del 1-O, aunque él no formaba parte del Gobierno que lo convocó.
Estas palabras fueron interpretadas por la buena prensa española como una respuesta velada al Rey de España, Felipe VI, que justo un día antes criticó el comportamiento del independentismo catalán afirmando que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho".
Sánchez afronta una acusación de 17 años de prisión por parte de la Fiscalía, que le considera responsable de un delito de rebelión.
Por otro lado, la Abogacía de Estado pide para él 8 años de cárcel por un delito de sedición y la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, solicita 62 años de cárcel por rebelión y pertenencia a organización criminal.
En concreto, Sánchez jugó un papel clave en las manifestaciones del 20 de septiembre de 2017 frente a la sede de Economía del Gobierno catalán, donde la Guardia Civil realizó una serie de registros para intentar detener los preparativos de la consulta.
La ANC, junto a la plataforma Ómnium Cultural —cuyo líder también está entre los acusados—, pidieron a la ciudadanía movilizarse en contra de los registros, llegando a concentrar a 60.000 personas frente al edificio.
Según el relato de las acusaciones, en esa concentración fueron destrozados varios coches de policía y, además, los manifestantes intimidaron a los encargados del registro, hasta el punto de que una secretaria judicial debió abandonar el edificio pasando al bloque colindante desde la azotea.
"Se ha generado un relato de que allí hubo un intento de asalto. Es falso", dijo Sánchez.
En ese sentido, añadió que fue una manifestación "improvisada" y que "seguro que hubo momentos de tensión", pero "no hubo violencia, ni agresiones ni cargas policiales" porque la concentración fue "pacífica".
Además de negar las acusaciones, Sánchez se declaró como un "preso político" y recordó que se encuentra en una situación de prisión preventiva desde noviembre de 2017, lo que considera abusivo.
La financiación del 1-0
Antes de la declaración de Jordi Sánchez fue interrogado Santi Vila, consejero de Empresa del Gobierno catalán que convocó el referéndum.
Santi Vila es una figura controvertida, célebre por haberse desmarcado del Gobierno catalán presentando su dimisión en las horas previas a que el Parlamento aprobara la declaración de independencia del 27 de septiembre de 2017.
En este juicio, Vila afronta acusaciones de malversación y desobediencia por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden para él 7 años de prisión.
En su interrogatorio, Santi Vila aseguró que el Gobierno catalán quería "tensar la cuerda" pero "no romperla" para forzar una negociación política con España.
Sin embargo, afirma que "el clima de desconfianza" respecto al Gobierno español y la "presión" popular sobre el independentismo llevó a una declaración de independencia que no formaba parte de la hoja de ruta inicial.
De hecho, Vila llegó afirmar que incluso dentro del Gobierno había personas que "tenían la convicción" de que el referéndum del 1 de octubre "no se llevaría a cabo".
Preguntado por la financiación del referéndum, Vila fue el único acusado que hasta el momento ofreció una respuesta aproximada sobre de donde salió el dinero, aunque también insistió en que no fue pagado con fondos públicos.
"Pero intuitivamente, especulativamente, creo que se había financiado por mecenas catalanistas comprometidos con la iniciativa y dispuestos a sufragar estos gastos", afirmó.
Tras la jornada del 21 de febrero, el juicio continuará el 26 de febrero con los interrogatorios de Jordi Cuixart y Carme Forcadell, la expresidenta del Parlamento catalán.
Los interrogatorios llevados a cabo a lo largo de esta semana se alargaron más de lo previsto por la Sala, por lo que los acusados seguirán declarando el 26 de febrero.
Más aquí: El independentismo catalán se sienta en el banquillo: así es el juicio del 'procés'
En consecuencia, se retrasará el interrogatorio al expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, cuya presencia en el juicio como testigo estaba prevista para el 26 de frebrero.
