"No se les pidió que dejaran de hacer sus funciones para adherirse a una decisión política", dijo Forn a las preguntas de la Fiscalía en el Tribunal Supremo, donde está siendo juzgado por rebelión y otros delitos junto a otros once líderes independentistas.
De acuerdo con el relato de Forn, tanto él como el entonces presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, transmitieron a los mandos policiales su "respeto" hacia sus "obligaciones" respecto a las órdenes de la Fiscalía y el TSJC.
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En consecuencia, afirma Forn, el Gobierno catalán no pidió a los agentes llevar a cabo ningún tipo de actuación, ya sea por activa o por pasiva, para favorecer la consulta.
La instrucción del TSJC establecía la obligación de instaurar una vigilancia permanente en los centros de votación, precintarlos, y establecer un perímetro de 100 metros en el edificio para que no se constituyeran las mesas electorales.
"Ni con la suma de todos los efectivos disponibles hubiese sido posible. Eran necesarios unos 40.000 efectivos y contaban con unos 7.000", aseguró Forn.
Niega la violencia
En su interrogatorio, Forn también rechazó los relatos de las acusaciones sobre la existencia de una estrategia violenta para forzar la independencia de Cataluña.
Uno de los hechos utilizado como prueba por las acusaciones para afirmar que el proceso independentista fue violento, tiene que ver con las protestas ocurridas el 20 de septiembre de 2017 frente a la sede de Economía del Gobierno catalán, donde la Guardia Civil realizaba registros judiciales como parte de una operación para impedir el referéndum.
Frente a ese edificio, convocados por plataformas civiles como la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, se concentraron 60.000 manifestantes, que según las acusaciones dificultaron la actuación de la comisión judicial, hasta el punto de que una funcionaria tuvo que abandonar el lugar por la azotea, al considerar que su seguridad no estaba garantizada.
"Construyen unos relatos que son un poco peliculeros. No salió subiendo por los tejados, no, sino saltando un muro de un metro y medio que conectaba la Consejería con el edificio colindante", respondió Forn.
Según la exposición del Fiscal, en esa manifestación fueron vandalizados hasta siete coches de policía, algunos de ellos con armas en su interior.
En cuanto al referéndum del 1 de octubre y a los enfrentamientos que se produjeron entre votantes y agentes, el responsable de Interior eludió cualquier responsabilidad, afirmando que éstos se debieron a una mala actuación policial por parte de los cuerpos estatales.
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Forn negó que desde su departamento se tuviera conocimiento previo de la posibilidad de enfrentamientos violentos.
La acusación presenta como prueba un informe policial remitido a Forn, en el que se le advierte sobre la posibilidad de distintos escenarios de riesgo ante la previsión de concentraciones masivas.
Joaquim Forn es uno de los acusados claves en la causa, ya que su papel como responsable de Interior es vital a la hora de dilucidar el posible uso de los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica) para fines independentistas, así como cuestiones relativas a los escenarios de seguridad en las fechas claves del proceso, algo clave para evaluar la posible existencia de escenarios de violencia que justifiquen una condena por rebelión o sedición.
El exconsejero de Interior afronta una petición de 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por parte de la Fiscalía, que le considera culpable de delitos de rebelión y malversación.
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Por su parte, la Abogacía del Estado le acusa de sedición y malversación, delitos por los que pide 11 años y seis meses de prisión, acompañados de una pena similar de inhabilitación.
Finalmente, Forn afronta una petición de 74 años de prisión por parte de la acusación particular, formulada por el partido ultraderechista Vox, que le considera culpable de rebelión, malversación e integración en organización criminal.
