El defensor general Pedro Daniel Strozenberg aseguró en declaraciones al portal UOL que hay "fuertes indicios" de fusilamiento en la operación que dejó 13 muertos y que la Defensoría pedirá acceso a los laudos de las necropsias para aclarar si hubo "un enfrentamiento o ejecuciones sumarias".
Según la versión que divulgaron inicialmente los agentes de la Policía Militar, los 13 fallecidos eran narcotraficantes que murieron en el marco de una operación policial, tras un intenso intercambio de tiros.
Sin embargo, fuentes citadas por la prensa local, aseguran que al menos ocho de los 13 cuerpos presentan concentración de tiros por la espalda y en la cabeza.
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Además, algunos testigos aseguraron que los presuntos narcotraficantes fueron sorprendidos por los policías en un callejón, y que los agentes dispararon de arriba a abajo.
Tras los hechos, Amnistía Internacional Brasil pidió una investigación "inmediata, imparcial, detallada e independiente" del caso por parte de la Policía Civil y la Fiscalía para saber qué ocurrió realmente.
En 2018, un total de 1.532 personas murieron a manos de agentes policiales en servicio, un aumento significativo respecto a los 1.127 muertos que la acción de la policía dejó en 2017.
Las 13 muertes de Santa Teresa conforman la primera matanza en Río de Janeiro desde que asumió el Gobierno de este estado el gobernador Wilson Witzel el pasado 1 de enero.
Además: Policía de Brasil mató a 5.000 personas en 2017, casi 20% más que en 2016
Witzel ganó las elecciones con promesas de mano dura contra la violencia y defiende que los policías puedan abatir a sospechosos armados disparándoles en la cabeza o el uso de drones equipados con armas capaces de disparar de forma automática.
Para la mayoría de especialistas en seguridad pública, este tipo de discurso legitima el aumento de abusos policiales.
