La sentencia de la jueza Gabriela Hardt, de primera instancia, se refiere a las supuestas coimas que el expresidente recibió de forma disimulada a través de la reforma de una finca situada en Atibaia (en el interior del estado de Sao Paulo, al sureste de Brasil).
Según la Fiscalía, Lula recibió sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht a través de la reforma y decoración de la citada finca, que solía frecuentar con su familia los fines de semana y en su tiempo libre, aunque en realidad era propiedad de un amigo, Fernando Bittar.
Los procuradores aseguraron que las empresas costearon reformas por valor de 850.000 reales (229.000 dólares) en esa propiedad.
Los abogados de Lula aseguran que no hay pruebas que vinculen las reformas con el esquema corrupto de Petrobras, y defienden que el expresidente es víctima de una persecución jurídica.
Dado que se trata de una sentencia en primera instancia, la defensa de Lula podrá recurrir.
