"El juez Claudio Bonadio citó nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner a indagatoria y a 100 empresarios", informaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.
La exmandataria deberá acudir ante el juez el 25 de febrero, un día antes de que comience un juicio oral sobre presuntas irregularidades en la concesión de proyectos viales en la provincia de Santa Cruz (sur).
Entre los empresarios relacionados con la obra pública citados por el magistrado se encuentran Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y extitular de la empresa de construcción Iecsa; y el exdirector de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, dueño de la constructora Esuco.
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En la lista de indagados también figura el empresario detenido Cristóbal López, dueño del Grupo Indalo, uno de sus hijos, y su socio Osvaldo de Sousa.
Además deberán declarar como indagados, entre otros, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido; su colaborador Roberto Baratta, y el exsecretario de Obras Públicas José López, todos ellos detenidos en prisión preventiva en el marco de otros procesos judiciales.
Contexto
El pasado 20 de diciembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva para Fernández de Kirchner por ser la presunta responsable de una red de sobornos montada entre el Estado y las principales empresas del país, por lo que fue procesada como jefa de una asociación ilícita.
Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández.
De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.
Una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaban sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.
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La investigación fue posible luego de la aprobación de la ley del arrepentido, que permite beneficios penales a los acusados que contribuyan con la justicia.
