"Queda así sancionada entonces la Ley del Estatuto que rige la transición a la democracia y restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; es un documento histórico para el país que le da marco, orden, busca gobernabilidad y estabilidad de cara a un proceso de transición", dijo Juan Guaidó, presidente del parlamento.
La Ley del Estatuto para la Transición establece que se produjo una usurpación de la presidencia por parte de Maduro y contempla la actuación de la Asamblea Nacional y de su presidente, la reconstitución de los órganos del Poder Ciudadano (fiscalía general, defensoría del pueblo y contraloría), la conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional y elecciones libres.
El 21 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reiteró la nulidad de toda acción de la Asamblea Nacional y señaló que desde enero de 2017 este órgano no tiene junta directiva válida.
El país vive una espiral de tensión desde el 10 de enero, Maduro fue juramentado para su segundo mandato hasta el año 2025.
El 23 de enero Guaidó se proclamó "presidente encargado" del país ante una manifestación opositora en las calles de Caracas, apelando a un artículo constitucional que prevé esa figura.
Varios gobiernos de la región desconocieron a Maduro y expresaron junto a EEUU su apoyo a Guaidó.
México y Uruguay se abstuvieron de hacerlo, ofreciéndose a mediar para una solución política.
Bolivia, China, Cuba, Irán, Rusia y Turquía reafirmaron su respaldo al actual Gobierno venezolano.