"El juez impuso 38 años y 4 meses de prisión al mayor (r) Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas como coautor intelectual y material de los delitos de homicidio en persona protegida en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y fraude procesal", indicó la Fiscalía en un comunicado.
Los militares condenados, quienes permanecían en libertad y contra quienes se libraron las respectivas órdenes de captura, deberán indemnizar además a los familiares de las víctimas por concepto de perjuicios y daños morales.
El hecho por el cual se les condenó ocurrió en enero de 2004, cuando, según la Fiscalía, Diego Édison Hernández y otro hombre, aún sin identificar, fueron contactados por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) en un establecimiento nocturno en Villavicencio (Meta), trasladados a Fuente de Oro (Meta) y abandonados en la aldea Puerto Palmira.
"Hasta ese punto llegaron tropas del batallón 21 Pantano de Vargas y dispararon contra las dos personas hasta ocasionarles la muerte, tras este hecho los uniformados ubicaron armamento largo al lado de los cuerpos sin vida", precisó la Fiscalía.
Sin embargo, el fallo condenatorio resaltó que "a todas luces es una falsedad, toda vez que la confrontación no se dio" y por ende la Operación Despegue fue una falsedad, ya que "tanto las víctimas como las armas fueron suministradas por las AUC, Bloque Centauros, a los militares".
La investigación determinó la existencia de una alianza criminal entre algunos oficiales adscritos a la mencionada unidad militar y cabecillas del denominado Bloque Centauros de las AUC, en la que fueron simuladas acciones operativas para recibir el reconocimiento de los comandantes y calmar las críticas de la población y de algunos sectores sociales que exigían resultados contra las estructuras paramilitares que delinquían en el Meta.
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Según la Fiscalía, las declaraciones de varios desmovilizados evidenciaron la alianza entre las AUC, el mayor (r) Lizarazo y otros oficiales con el fin de no atacarse entre sí, ya que el enemigo común era la entonces guerrilla de las FARC.
Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, mientras que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.
