"Los análisis del caso conocido como 'Estafa Maestra' confirman la participación de tres funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) en la firma de 25 convenios que presuntamente resultaron en desvíos de recursos públicos", dijo en un conferencia de prensa la titular del organismo responsable de vigilar el ejercicio del gasto público federal.
Entre 2013 y 2014, fecha de la firma de los contratos, el ingeniero Lozada Aguilar se encargó de la administración del yacimiento marino de producción Cantarell, que fue el más grande del país; Salgado Castro, fue gerente del yacimiento Ayatsil-Tekel, ambos campos petroleros en aguas someras del Golfo de México.
Galván, el tercer destituido, fue en esas fechas gerente de Suministros y Servicios Administrativos de Regiones Marinas.
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Una investigación del Animal Político y la organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) descubrió en 2017 el uso de "empresas fantasma" para apropiarse de fondos públicos de varias dependencia del Gobierno federal, con convenios fraudulentos por 7.670 millones de pesos (más de 400 millones de dólares).
La titular de la función pública detalló en conferencia de prensa al menos dos contratos irregulares por 245 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) operados bajo ese esquema que abarca 25 contratos.
La investigación de los contratos
El modus operandi de los convenios dispersaba los fondos públicos recibidos, subcontratando a institutos y universidades públicas que a su vez pagaban a otras empresas irregulares, sin capacidad para cumplir los servicios contratados o "de maletín".
"La estafa fue maestra, porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad", puntualizó Sandoval.
Además, en la investigación fueron localizadas "empresas fantasma o que simularon la realización de trabajos".
Por ejemplo, la titular de la SFP dijo que Lozada Aguilar firmó un contrato de PEP con la Universidad Popular de la Chontalpa, en la zona rural del petrolero estado de Tabasco (sureste), para recibir "asistencia técnica en materia de perforación y producción de pozos" para la región marina del Golfo de México.
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El monto máximo que Pemex estaba autorizado a ejercer era de 140 millones de pesos; pero el costo real del contrato rebasó ese límite permitido y ascendió a 145,84 millones de pesos (más de 7 millones de dólares).
Otro convenio de Pemex, firmado por Castro Salgado con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, en el mismo estado de Tabasco, tuvo como objeto genérico "ofrecer servicios especializados para el desarrollo de campos de exploración".
El monto máximo era de 80 millones de pesos, pero alcanzó casi 100 millones de pesos (unos 5 millones de dólares), pagados en 20 órdenes de servicios.
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Ese instituto tecnológico se comprometió a no subcontratar servicios, pero celebró contratos con diversas empresas por más de 90% de los fondos recibidos, "lo que permitía rescindir el convenio, pero el firmante de Pemex abdicó el ejercicio de estos derechos", dice la investigación oficial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que los funcionarios vinculados con los presuntos actos de corrupción "sean separados de sus cargos para facilitar la investigación", como parte de su cruzada anticorrupción.
Sandoval presentará ante la Fiscalía General las denuncias por "hechos constitutivos de probables delitos" que resulten de las investigaciones.
