"La corrupción en España sigue siendo un problema grave que debe llamar a la acción de las autoridades y de la sociedad civil", reza un informe publicado por la organización.
España ocupa la posición 41 entre los 180 países estudiados en el IPC de este año, junto con Georgia, Letonia, y San Vicente y las Granadinas.
En las primeras posiciones del Índice se encuentran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 y 87 puntos respectivamente, mientras que los últimos puestos son ocupados por Somalia, Siria y Sudán del Sur, con 10, 13 y 13 puntos respectivamente.
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Por otro lado, España se ubica en el puesto número 20 entre los 28 países de la Unión Europea.
"Ello indica, al menos de forma indiciaria, que los esfuerzos para prevenir y frenar la corrupción en España aún no dan sus frutos en términos de percepción", destaca el informe, que establece el umbral mínimo de 75 puntos para calificar a un país como una "democracia plena".
Los 58 puntos otorgados a España suponen una ligera mejoría respecto a los 57 que recibió en 2017.
Sin embargo, Transparencia Internacional insiste en que el resultado evidencia la existencia de un problema de corrupción, sobre todo a la vista de que en los últimos seis años la calificación de España cayó en siete puntos.
"Transparencia Internacional considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y su competitividad", reza el informe.
El documento destaca que en los últimos años se han sucedido "múltiples escándalos de corrupción en España", sobre todo "a partir de la burbuja urbanística", lo que provocó "daños muy serios" en la credibilidad de las instituciones democráticas.
Por todo ello, Transparencia Internacional destaca que en España "luchar contra la corrupción es una forma de luchar por la democracia" y de "recuperar la legitimación de sus instituciones".
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A la vista de lo anteriormente expuesto, Transparencia Internacional cree que el Gobierno de España "debe promover especialmente el diseño de una estrategia holística de prevención y lucha contra la corrupción".