"A este requerimiento (de determinar el penal donde Fujimori debe ser reingresado) le informo que podrá ser el establecimiento penitenciario al interior del inmueble de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional ubicado (…) en el distrito de Ate (Lima)", comunicó el 22 de enero en un oficio dirigido a la Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Romero, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, organismo del Minjus.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) afirma que el establecimiento, conocido popularmente como Penal de Barbadillo, cuenta con servicios de salud suficientes para garantizar que Fujimori, de 80 años, reciba el tratamiento médico que necesita.
El 21 de enero, la Sala Penal le dio un plazo de 48 horas al INPE para que determinara un centro apropiado para que el exmandatario retorne a prisión luego de que una junta de médicos legales determinó que su salud es estable.
En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
En diciembre de 2017 recibió el indulto de su pena de parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), por motivos humanitarios debido a su supuesto mal estado de salud, una medida que fue apelada por los familiares de las víctimas.
El 3 de octubre del año pasado, el Poder Judicial falló en favor de los deudos, declarando la anulación del indulto por no ajustarse a las normas de derecho internacional relacionadas a crímenes contra la humanidad y ordenando el reingreso del exj efe de Estado a prisión.
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Tras la prolongada internación, los familiares de las víctimas exigieron que se practicara un examen a la salud de Fujimori pues alegaron que éste estaría usando su estadía en el centro médico como pretexto para evadir el fallo de la Justicia.
El 16 de enero, la junta de peritos médicos determinó que el exmandatario se encontraba estable y podía cumplir su condena de manera ambulatoria en una cárcel que contase con servicios médicos óptimos.