"Ha sido entregado ya el veto del presidente de la República a la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación", informó en conferencia de prensa el secretario nacional de comunicación, Andrés Michelena.
Junto con el veto, el presidente envío una reforma al artículo que establece que la comunicación es un servicio público, señalando que es un derecho.
El hecho de considerar a la comunicación como un servicio público fue durante varios años motivo de duras críticas tanto en el interior del país como en el ámbito internacional.
Durante la vigencia de la ley, según datos difundidos el mes pasado por la legislatura, se establecieron 428 procesos pecuniarios y multas por un total de 2,98 millones de dólares; hubo más de 700 sanciones administrativas.
La Asamblea Nacional tiene 30 días para tratar el veto presidencial.
