"Las Organizaciones y Alianzas Políticas presentes se comprometen a pedir y gestionar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante organismos internacionales y legaciones de países amigos (…) para la restauración de la democracia plena en nuestro país", dijo ese conglomerado opositor en un comunicado.
El pronunciamiento, denominado "Acuerdo Nacional por la Democracia y el Estado de Derecho", fue emitido al cabo de una reunión opositora en la ciudad oriental de Santa Cruz, patrocinada por el Comité Cívico de esa ciudad, a diez días de las primarias.
En esos comicios partidarios deberían ser confirmados los candidatos presidenciales para las elecciones generales de octubre, en las que Morales y su vicepresidente Álvaro García buscarán un cuarto mandato consecutivo que la oposición lleva meses denunciando como inconstitucional.
Según el pronunciamiento, la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos debería evitar que se reproduzcan en Bolivia "los hechos ocurridos en Venezuela y Nicaragua".
El comunicado opositor insistió en rechazar "unánimemente" la participación del binomio oficialista Morales-García en las elecciones de octubre, "por ser ilegítimo, anticonstitucional, ilegal y antidemocrático".
El candidato Mesa había planteado la semana pasada la aplicación de la Carta Democrática contra el Gobierno de Morales, en un mensaje en el que aplaudía la decisión del Consejo Permanente de la OEA de no reconocer al nuevo Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Sin mencionar la posibilidad de una candidatura única para enfrentar a Morales, que era el objetivo de la reunión anunciado por medios locales, el conglomerado opositor propuso simplemente "crear las condiciones de elecciones democráticas para competir en igualdad de condiciones".
La nueva candidatura de Morales, quien gobierna Bolivia desde 2006, es rechazada por la oposición con el argumento de que la reelección indefinida fue rechazada por un referendo de febrero de 2016.
El oficialismo sostiene, en cambio, que pese a ese referendo la eventual nueva reelección de Morales está avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017, basada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
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El Tribunal Supremo electoral, entretanto, continúa la preparación de las primarias.
