"No permitiremos el chantaje político, tenemos razones y verdades suficientes y legítimas para enfrentar tanta hostilidad y desprecio. Con nuestras convicciones", publicó el presidente cubano en su cuenta de la red social Twitter.
No permitiremos el chantaje político, tenemos razones y verdades suficientes y legítimas para enfrentar tanta hostilidad y desprecio. Con nuestras convicciones #60YMás #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/tBytzP4RJF
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 17, 2019
El Título III de la ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de 1996, también conocida por los apellidos de los legisladores que la propusieron Jesse Helms y Dan Burton, establece la protección de los derechos de propiedad de ciudadanos estadounidenses en Cuba.
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El 16 de enero el Departamento de Estado de EEUU anunció la suspensión por solo 45 días del Título III de la Ley Helms-Burton lo que generó el rechazo inmediato del canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó la medida.
"Rechazo firmemente y categóricamente el anuncio del Departamento de Estado de EEUU de suspender por solo 45 días aplicación Titulo III Ley Helms-Burton. Chantaje político y hostilidad irresponsables para endurecer bloqueo a Cuba. Brutal ataque al Derecho Internacional y a terceros estados", publicó en Twitter el jefe de la diplomacia cubana.
Declaración de @CubaMINREX: #Cuba rechaza enérgicamente la amenaza de activación del Título III de la Ley Helms-Burton. | #CubaUS https://t.co/qKhEezSREB pic.twitter.com/KN1rnwSubo
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 17, 2019
Los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades hubieran sido confiscadas o expropiadas por el Gobierno cubano después del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, podrán iniciar litigios contra cualquier persona que realice transacciones económicas con esos bienes, según esta norma.
La ley Helms-Burton fue promulgada en marzo de 1996 por el entonces presidente Bill Clinton.
Desde entonces, todas las administraciones estadounidenses la fueron suspendiendo cada seis meses habida cuenta de que su implementación podría perjudicar no solo a Cuba, sino también a Estados Unidos y terceros países.
El Departamento de Estado de EEUU anunció el 16 de enero que la normativa se suspenderá por 45 días a partir del próximo 1 de febrero para "llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del Título III a la luz de los intereses nacionales" y acelerar "la transición a la democracia" en Cuba.
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En su comunicado, el ente instó a cualquier persona que haga negocios en Cuba a reconsiderar "si está traficando con propiedades confiscadas".