Este 14 de enero la Cancillería rusa declaró que el cambio de nombre de Macedonia fue impuesto desde fuera con el fin de forzar el ingreso de Skopie en la OTAN, menospreciando la posición mantenida por el jefe del Estado macedonio y la opinión de la mayoría de su población, que rechaza el pacto de Prespa.
"Confiamos en que (…) a partir de este momento Rusia se referirá a este país como Macedonia del Norte, de acuerdo con su nueva denominación constitucional, y, lo más importante, se abstendrá de declaraciones similares que son una injerencia en los asuntos internos de Grecia", dice un comunicado de la Cancillería griega.
Se destaca en el documento que la reacción de la Cancillería rusa ante los eventos internos en los países amigos "no corresponde al nivel de los contactos entre Grecia y Rusia ni a las antiguas relaciones de amistad entre nuestros pueblos".
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Indicó que, al contrario de la opinión rusa, el acuerdo fue firmado sin ninguna presión desde el exterior y ya ha aportado a la estabilidad y la paz en los países balcánicos.
En este contexto el Ministerio de Exteriores heleno llamó a sus socios internacionales a respetar el acuerdo de Prespa al destacar la valentía política que mostraron las autoridades de Grecia y Macedonia para resolver las discrepancias y defender sus intereses.
El 17 de junio de 2018, Atenas y Skopie zanjaron a orillas del lago Prespa una disputa de casi tres décadas sobre el nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, pactando que pasaría a llamarse Macedonia del Norte.
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El 30 de septiembre se celebró un referéndum no vinculante sobre el cambio de nombre de Macedonia, que debía permitirle entrar en la OTAN y la UE, el 91,46% de los votantes consideró que Macedonia debe aceptar el acuerdo con Grecia y tomar el rumbo de la integración euroatlántica.
El plebiscito estuvo marcado por la baja participación, del 36,91%, inferior al mínimo necesario del 50%; no obstante, EEUU, la OTAN y la UE lo calificaron de exitoso.
El Parlamento de la República de Macedonia aprobó hace unos días las enmiendas constitucionales en que venía insistiendo Atenas.
Para entrar en vigor, la ley aprobada por el Parlamento debe ser firmada por el presidente de Macedonia, Gjorge Ivanov, quien dijo antes que se negaría a hacerlo.