"En promedio, cada 48 horas de 2018 fue asesinada una persona que trabajaba por los derechos humanos o era líder social", indicó el organismo en un comunicado.
El reporte precisó que la labor en terreno de funcionarios de la Defensoría permitió determinar que de los líderes asesinados 158 fueron hombres y 14, mujeres.
"Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado, mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades", dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, citado en el despacho.
Según la Defensoría, a través del monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) encontró que los crímenes ocurrieron en 27 departamentos del país y que 35 de ellos se cometieron en Cauca (suroeste), seguido de Antioquia (noroeste, con 24), Norte de Santander (nordeste, 18), Valle del Cauca (suroeste, 14) y Caquetá (centro, 11)
Asimismo, en el departamento de Putumayo (suroeste), se registraron once homicidios, mientras que en Meta (centro) se dieron diez, en Nariño (suroeste), siete; en Chocó (noroeste), seis; en Arauca (nordeste), cinco, y en Córdoba (norte), cinco.
Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
Asimismo, se observará el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas los líderes desde hace varios años.
Según la Defensortía, el objetivo es impulsar la protección de los derechos de quienes representan a las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
Por otro lado, presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que un número significativo de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia han sido cometidos por grupos armados ilegales.
"Vamos a fortalecer todos los instrumentos que tenga la Fuerza Pública a disposición para que los cabecillas de los grupos armados organizados, que están detrás de una gran parte de esos homicidios, sean llevados ante la justicia", indicó el mandatario en una transmisión en streaming desde el municipio de Riohacha (La Guajira, norte), donde realizó un Consejo de Seguridad.
El jefe de Estado colombiano dijo que, al evaluar los 126 casos de crímenes de líderes sociales esclarecidos por la Fiscalía General de Colombia, se concluyó que un número significativo fue cometido por grupos armados ilegales, como las disidencias paramilitares "Clan del Golfo" y "Los Pelusos", así como por la guerrilla del ELN y la banda organizada "Los Caparrapos", entre otros.
Los líderes sociales representan a sus comunidades en varias regiones del país y la mayoría de ellos abogan por el derecho a la tierra que les han despojado los grupos criminales durante años, al tiempo que varios hacen parte de los programas estatales de sustitución de cultivos ilícitos o son promotores de la implementación de la paz, ante lo cual se oponen los grupos armados ilegales.
También informó que serán fortalecidos los instrumentos de denuncia y "los instrumentos de reacción", así como las alertas tempranas para que no se presenten más de estos casos en el país.
Agregó que su Gobierno está comprometido con la protección de los líderes sociales y señaló que "hoy más de tres mil líderes tienen la protección de la UNP (Unidad Nacional de Protección)".
