A través de un comunicado, los congresistas que integran la Comisión exhortaron a las autoridades "a proteger a los líderes y comunidades amenazadas, a cumplir con las garantías constitucionales y con las medidas previstas en el acuerdo de paz para las comunidades campesinas, e impedir que bandas criminales y narcotraficantes copen y controlen los territorios en los cuales tenía presencia la exguerrilla de las FARC".
También señaló que el líder social Wilson Pérez Ascanio fue asesinado en Hacarí (Norte de Santander, nordeste) el 5 de enero, mientras que Maritza Quiroz Leiva murió baleada en Santa Marta (Magdalena, norte) el 5 de enero, y Salomón Pulido, exguerrillero de FARC, fue asesinado el pasado domingo en el departamento del Meta (centro).
"Alertamos especialmente sobre la grave situación de amenazas en territorios de los departamentos del Cauca (donde ya van 46 asesinatos, entre campesinos e indígenas), Chocó (noroeste), Caquetá (centro), Norte de Santander, Antioquia (noroeste), Córdoba, Cesar, Sucre (norte), Meta, Nariño y Putumayo (suroeste)", indicó la Comisión.
Asimismo, señaló que tales homicidios "ameritan un informe y un plan de choque eficaz de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de la Defensa y otras instancias del gobierno y el Estado Colombiano".
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Por último, la Comisión de Paz consideró que estos hechos enlutan el comienzo del nuevo año y se suman a la cifra de asesinatos y amenazas contra líderes sociales y excombatientes de la FARC.
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), desde la firma del Acuerdo de Paz con esa antigua guerrilla se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos y se ha informado de un total de 454 casos.
