"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, notifico a usted que la Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central inició el examen especial a los procesos para el otorgamiento de asilo diplomático y naturalización de Julian Assange", dice la notificación firmada por el contralor Pablo Celi, con fecha 19 de diciembre, y revisada por Sputnik.
El objetivo del análisis es determinar si los procesos para el otorgamiento de asilo diplomático y naturalización de Assange se realizaron de acuerdo al derecho nacional e internacional.
El análisis abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 30 de septiembre de 2018.
En septiembre pasado, la legisladora Paola Veintimilla pidió al Gobierno de Lenín Moreno que retire a Assange la nacionalidad ecuatoriana (concedida en diciembre de 2017), argumentando "irregularidades" en el proceso, así como en la concesión del asilo.
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Veintimilla también pidió a la Contraloría que investigue los dos procesos, así como la actuación de María Fernanda Espinosa, quien concedió la naturalización ecuatoriana al fundador de WikiLeaks cuando ejercía las funciones de canciller de Ecuador.
El australiano rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podría enfrentar la pena capital por haber publicado, a través de su canal informativo digital, miles de documentos filtrados que eran secreto de Estado.
En mayo de 2017, Estocolmo anunció el archivo de la última investigación que tenía pendiente contra Assange, pero Londres mantuvo activa la orden de captura porque tiene un proceso pendiente por violar las condiciones de su libertad cautelar en 2012.
Si Assange abandona la embajada por su propia voluntad o sin un acuerdo previo se arriesga a ser detenido por la Justicia británica.
