"Este decreto es para afianzar la seguridad jurídica de la plataforma continental de la fachada atlántica del Orinoco, que supone toda la seguridad jurídica a todos nuestros espacios marítimos", expresó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, durante una transmisión en el canal estatal Venezolana de Televisión.
El decreto fue aprobado luego de que el presidente Nicolás Maduro aseguró que la presencia en aguas nacionales de embarcaciones no autorizadas, presuntamente de la empresa ExxonMobil y con fines de exploración petrolera, busca debilitar a su país.
"Es un ejemplo de cómo quieren debilitar y dividir a Venezuela, desconocer las instituciones, llevarnos a un caos violento (…) para una Venezuela debilitada, venir por nuestras riquezas, venir por nuestro territorio, lo denuncio ante ustedes hermanos de la Fuerza Armada Nacional y pido la máxima conciencia", dijo Maduro en un mensaje de fin de año ante los militares.
De acuerdo con la versión de Caracas, funcionarios de su fuerza armada divisaron durante un patrullaje de rutina el 22 de diciembre la presencia "inédita" en aguas jurisdiccionales venezolanas de dos buques de exploración sísmica contratados por la transnacional ExxonMobil.
"Los buques referidos se encontraban en las coordenadas Latitud 09° 17′ 4″N Longitud 058°15′ 7″ W y Latitud 09° 15′ 0″ Longitud 058° 17′ 3″W, en la proyección marítima del Delta del Orinoco de soberanía de Venezuela", sostuvieron las autoridades en un comunicado publicado el 23 de diciembre.
Guyana afirmó que se trataba de buques que realizaban un estudio sísmico en el territorio nacional y tenían todos los permisos necesarios para hacerlo, cuando fueron interceptados por la Armada de Venezuela.
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Las tensiones por el Esequibo comenzaron en 1899, cuando Venezuela fue despojada de esa región a través del Laudo arbitral de París de la CIJ, por el que se entregó a Guyana esa parte de territorio.
Desde 1966, Venezuela y Guyana han intentado resolver esta disputa a través de un proceso de negociación liderado por los "buenos oficios" de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, luego de que Caracas firmó junto a Reino Unido el acuerdo de Ginebra.