"La lamentable muerte de Camilo Catrillanca", respondió Piñera a la revista Capital, cuando le preguntaron cuál fue el momento más difícil de sus nueve meses de mandato.
Este último punto era un objetivo particularmente complejo, pues significaba encontrar una solución pacífica a un conflicto que ha enfrentado históricamente al Estado y al pueblo mapuche, que lleva años exigiendo autonomía jurisdiccional y que se le restituyan sus tierras ancestrales.
Además, el Gobierno apuntaba a terminar con una serie de atentados incendiarios que se vienen cometiendo desde hace dos años en La Araucanía, contra iglesias, camiones y empresas forestales.
Esos ataques son atribuidos por algunos al llamado "conflicto mapuche".
Para abordar las reivindicaciones culturales y sociales de los mapuches, Piñera designó al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien fue relativamente bien recibido por las comunidades indígenas, e incluso tuvo varios acercamientos con sus dirigentes.
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Este comando, equipado con vehículos blindados, armamento de guerra y entrenamiento militar en Colombia, tenía el fin de combatir a los que el Gobierno tacha de "terroristas del sur".
Fueron agentes del comando jungla, cuyo nombre oficial es Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), los que en noviembre dispararon por la espalda, a plena luz del día y sin que mediara ningún enfrentamiento, a Camilo Catrillanca.
El GOPE llevaba a cabo un operativo por el robo de autos en el cual Catrillanca no tenía nada que ver.
Esto desató una crisis cuyo fin no está a la vista y que parece haber borrado todo lo que avanzó el Ministerio de Desarrollo Social con los mapuches.
Asesinato
Los hechos establecidos por la Fiscalía indican que en la tarde del 14 de noviembre el GOPE inició un operativo por un robo de vehículos a unas profesoras en la localidad de Ercilla.
Catrillanca recibió uno de los disparos en la nuca y falleció.
El joven de 24 años era un activista y dirigente estudiantil y pertenecía a una familia de reconocidos líderes indígenas como su abuelo, el lonko (jefe mapuche) Juan Catrillanca.
En ese momento estalló la crisis, ya que los cuatro carabineros que participaron en el asesinato de Catrillanca se pusieron de acuerdo para mentir y entregaron una versión falsa a la Fiscalía y al Gobierno, asegurando que dispararon de manera disuasoria pues habían sido emboscados y atacados con armas de fuego.
Esta versión, que luego se probó falsa, fue comunicada al público ese mismo día por el director de Carabineros, Hermes Soto, y por el representante del Gobierno en La Araucanía, el intendente Luis Mayol.
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Piñera, quien se encontraba de gira en Asia, analizó el caso por teléfono con el ministro Chadwick y juntos decidieron pedir un fiscal de dedicación exclusiva para el caso, mientras comenzaban a ventilarse las primeras sospechas de que la versión del enfrentamiento era falsa.
En total, 23 carabineros fueron dados de baja, incluido el general Soto, quien llegó inclusive a desacatar un pedido de renuncia que le hizo el presidente, obligando al Gobierno a gestionar una solicitud de desvinculación ante el Congreso y la Contraloría.
El Gobierno también sufrió una baja: Piñera pidió la renuncia al intendente Mayol, quien se había apresurado a vincular a Catrillanca con el robo de vehículos en declaraciones a la prensa.
La oposición sostuvo que la autoridad del ministro Chadwick también quedó debilitada, y algunos parlamentarios han anunciado que analizan una eventual acusación constitucional para destituirlo.
Los ahora exagentes responsables del asesinato, Raúl Ávila, Carlos Alarcón, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda, están bajo proceso por homicidio consumado, homicidio frustrado y obstrucción a la justicia, y dos de ellos se encuentran en prisión preventiva.
La última encuesta del Centro de Estudios Públicos, divulgada un mes después del asesinato de Catrillanca, mostró que la desaprobación a la gestión de Piñera, de 39%, superó por primera vez en este mandato el porcentaje de aprobación, de 37%.
