En este "conflicto entre privados" la balanza está torcida para un lado: a quienes promueven los desalojos no se les exige probar fehacientemente la propiedad de los edificios que reclaman ante la justicia civil. Mientras, el Ejecutivo capitalino decide no meterse en este asunto.
Ese edificio es un caso testigo claro de la expulsión arbitraria que en este texto se describe. El primer desalojo que sufrieron, el 13 de julio de 2016, fue masivo. Más de 500 Granaderos llegaron con dos helicópteros, se deslizaron con cuerdas sobre el lugar y lo tomaron desde la azotea. Aunque traían órdenes de desalojo para ocho departamentos, vaciaron 10. Los vecinos que quedaron empezaron una pelea por el lugar. Desde entonces, han vivido 11 desalojos arbitrarios, contando el de Guadalupe.
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En este caso, los abogados Mario Platas Pacheco y José Antonio Vargas demandaron a los vecinos por deberle rentas del año 2016 a un hombre llamado Ricardo Piñeyrúa. Los vecinos dicen que ellos nunca le pagaron rentas a este hombre porque no lo reconocen como dueño del edificio. Los abogados argumentan que es el heredero de la dueña fallecida, pero no pueden probarlo fehacientemente. Sin embargo, eso no ha detenido las expulsiones.
"El 90% de los inmuebles del Centro histórico no cuentan con papeles y hay gente organizada que conoce de leyes y abogados que se está apropiando de eso", dijo a Sputnik Armando Becerril, desalojado de la calle Colombia y líder político local.
En los últimos cinco años, dos colonias de la alcaldía central (Cuauhtémoc) han sufrido una expulsión masiva de gente de esta forma: la colonia Juárez y el Centro Histórico. Lidiar con este vaciamiento de la zona central, que se da gota a gota en miles de conflictos privados, será uno de los problemas que deberá atender la nueva Administración encabezada por Claudia Sheinbaum, que fue alcaldesa de Tlalpan, una zona azotada por el sismo del 19 de setiembre de 2017.
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Fue a partir de ese temblor que el clamor ciudadano se reorientó hacia las condiciones de vivienda en Ciudad, y atendió la afectación que genera la construcción desmedida de edificios de apartamentos y obras de infraestructura.
Ese fue el caso de Zapata #68, de donde Guadalupe y su niño fueron desalojados. El edificio fue expropiado en 2002 por el Gobierno de López Obrador y se le entregó al Invi para resolver la situación jurídica. Los vecinos de Zapata se organizaron para gestionar el predio en común y fundaron una asociación civil. Pero la antigua dueña se amparó judicialmente contra la decisión del Ejecutivo local, hoy presidente de la República.
Para cuando el trámite de ese amparo acabó, la antigua dueña había fallecido y la Justicia devolvió la propiedad del lugar a una persona muerta. Años más tarde, apareció un hombre, Ricardo Piñeyrúa, diciendo tener un papel notarial que dice que el testamento de la señora lo tiene a él de heredero de ese lugar. Pero nunca ha mostrado original ni copia del testamento, lo que hace presumir que no existe.
Los vecinos que han sobrevivido a los desalojos arbitrarios, han interpuesto juicios de prescripción de la propiedad, porque sus casos cuadran en el tipo legal: los supuestos dueños abandonaron sus obligaciones de mantenimiento y de cobro de rentas por más de diez años, por lo que los poseedores ganan el derecho de pelear la propiedad en la Justicia.
Más arbitrariarios
Comenzando el año 2016, el entonces Procurador de Justicia de Ciudad de México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, emitió el acuerdo A/001/2016 "para fortalecer la materia de despojo" en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur).
En ese decreto se menciona que además de investigar delitos ambientales, la Agencia de Investigación Especializada conocerá de la materia "relacionada con las atribuciones y patrimonio del Instituto de Vivienda del Distrito Federal", es decir, el Invi.
Así sucedió a los vecinos de Da Vinci #129, en la colonia Nonoalco, al sur de la ciudad. El edificio fue desalojado el 27 de noviembre de 2017, con el argumento de que sería "asegurado" tras haber recibido una denuncia anónima de que corría peligro de derrumbe. Los vecinos contaban con dos dictámenes que decían que el edificio estaba sano y sin embargo, comenzó a ser demolido 15 días más tarde.
Da Vinci también era uno de los predios con larga data dentro del Invi en ser desalojado sin aviso previo, ni con un fallo en contra de sus ocupantes. Tampoco se sabe con certeza a quienes fue devuelto el predio para ser demolido.
El último caso sonado de 2018 fue el de Arcos de Belén #69, en que 46 familias fueron desalojadas por civiles, el 13 de diciembre. Como la mayoría de los que estaban en el lugar a las 7 de la mañana eran mujeres y niños, según contó a esta cronista una de las vecinas desalojadas, no pudieron resistirse. Los hombres que entraron de manera violenta a sus casas no les mostraron ninguna orden judicial y según relataron las vecinas, decían ser comerciantes enviados por una líder política local.
"Estaban armados y unos 50 de ellos se quedaron dentro del edificio", explicó una de las mujeres que pidió reservar su nombre. Aunque lo sucedido es evidentemente un despojo hacia las personas desalojadas, ni la Policía que estuvo presente intercedió ni tampoco ninguno de los otros poderes. Este es un procedimiento que, si fuera legalmente realizado, corresponde a los Granaderos.
Las familias desalojadas cortaron la avenida por dos días pero no obtuvieron respuesta. Tuvieron que buscar quien los acogiera para pasar una Navidad amarga: sin casa y con la promesa de que deben esperar hasta el 7 de enero a que se reintegren los funcionarios de los poderes centrales, para ver si consiguen quien los atienda.
