El proyecto se aprobó con algunas modificaciones, con 307 votos a favor y 152 en contra y 41 ausencias de esa cámara integrada por 500 representantes.
Los diputados añadieron un ingreso adicional de 23.768 millones de pesos (unos 1.190 millones de dólares), luego de la discusión en lo particular de algunos pasajes de las cuentas fiscales para el año próximo.
Los legisladores descartaron ochos de los 13 artículos que fueron reservados tras la aprobación en lo general votada el 18 de diciembre, y sumaron el mencionado ingreso como un rubro denominado "combate a empresas fantasmas".
No te lo pierdas: Un nuevo sexenio, una nueva era para México
La propuesta fue enviada desde el Palacio Nacional, sede el Gobierno federal al Palacio de San Lázaro, casa de los diputados, el pasado 15 de diciembre.
Tras la votación, los diputados enviaron la Ley de Ingresos al Senado, que lo podría aprobar el fin de semana próximo, tras debates y modificaciones que podrían ser ríspidas, luego de que opositores y oficialistas casi llegaron a los golpes en la tribuna de la cámara baja.
Los mercados financieros están expectantes ante los fondos públicos que serán destinados a una decena de megaproyectos, aunque las principales calificadoras de riesgo financiero cambiaron la perspectiva de la segunda economía latinoamericana de "estable" a "negativa", semanas antes de la toma de posesión presidencial.
Entre las principales obras están la construcción de una nueva refinería, un ferrocarril para el sureste del país denominado Tren Maya y un canal seco ferroviario y carretero para unir el océano Pacífico con el Golfo de México que se abre hacia el Atlántico en el istmo de Tehuantepec, de unos 200 kilómetros.
Tema relacionado: Solo un 12% del gasto público mexicano será para inversión
López Obrador, que asumió la presidencia el 1 de diciembre, ha lanzado una cruzada por la austeridad y el combate a la corrupción, con la divisa de "hacer más con menos"; y "por el bien de todos primero los pobres".
El nuevo Gobierno se comprometió a no incrementar la deuda pública, no establecer nuevos impuestos, ni cargas fiscales especiales a los consumidores de energéticos como el gas y la gasolina.