Cuando Cristina Ruiz se levantó de la silla ese jueves 23 de agosto de 2018, sufrió de sopetón y a la vez lo que hacía años venía sufriendo en episodios aislados: tembleques en las piernas y manos, dolor de cabeza, náuseas, taquicardia, disminución en los reflejos; sintió que se le "ponía algo" en la garganta que la ahogaba y le hacía difícil respirar.
Hacía años que Ruiz estaba siendo intoxicada. El Estado hace la vista gorda y no controla la emisión de gases tóxicos de las plantas industriales que desde hace casi seis décadas están instaladas frente a su casa, en la bahía que comparten las comunas de Quintero y Puchuncaví, en Chile. ¿Cómo iba a imaginar que quien por mandato constitucional debe protegerla iba a ser quien a sabiendas la estaba enfermando?
Lo que Ruiz y las otras integrantes de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia (MUZOSARE) tenían presente es que a menudo sentían un fuerte olor a gas; el mismo que sintieron los alumnos del Liceo Politécnico de Quintero el 21 de agosto, cerca de las 11 de la mañana, y poco después, 53 niños tuvieron que ser atendidos de urgencia en el hospital por malestares.
"Se tomaron muestras y los primeros resultados nos permitieron descartar un agente tóxico y confirmar que se trataba de polen", dijo a T13. Aunque los análisis mencionados por el Gobierno indiquen que se trata de polen caído de los árboles, Ruiz y la comunidad creen que en realidad se trata de sustancias tóxicas aglomeradas, porque "ni árboles hay en la zona".
"Desde hace mucho yo tenía los síntomas, pero por alguna razón no los había relacionado con las plantas industriales", contó Ruiz a Sputnik. Allí donde ella vive hay una treintena de fábricas con diversos fines: funden cobre, lo refinan; hay un complejo termoeléctrico que funciona a carbón y otro a gas, también está instalado el puerto granelero de carbón y concentrado de cobre, una cementera, una industria química, etcétera.
Ruiz vive en una de las "zonas de sacrificio" de Chile, donde está instalado el parque industrial más grande del país, lugares en los que, debido a la concentración de procesos industriales, se han sobrepasado los parámetros legales de emisiones contaminantes. Son tierras, aguas, aires y habitantes "sacrificados" en pos del desarrollo industrial.
De los gases que se conocen que se emiten, hay nitrobenceno, tolueno, dióxido de azufre, y metilcloroformo, aunque desde 2015 este último esté prohibido en el país, tras la firma del protocolo de Montreal, y esté comprobado científicamente que genere leucemia.
Cuando Ruiz se empezó a sentir mal ese 23 de agosto, era mediodía y el Centro de Salud Familiar de Puchuncaví abría recién a las 17, pero como estaba en la casa de su amiga Katta Alonso, presidenta de MUZOSARE, que está sólo a media cuadra, decidió ir igual a probar suerte. Caminó hasta allí no sabe cómo.
Los más afectados habían sido niños, adolescentes y embarazadas. En el correr de esas semanas 10.000 estudiantes de los 31 colegios y 19 jardines infantiles de las comunas de Quintero y Puchuncaví (a unos 20 kilómetros de distancia), no pudieron ir a la escuela.
Hubo al menos 25 alertas ambientales que los dejaron sin clases por aproximadamente un mes y medio. "Se cerraron los colegios, pero no las industrias. Solamente llegó la Policía a reprimirnos", aseguró Ruiz.
Uno de esos días se animó a bajar hasta la costa y sacar fotos a una de las termoeléctricas que estaba largando más humo del habitual. "Fue el 14 de septiembre, no me lo olvido más —dijo Ruiz a Sputnik—. Me arrestó [el Grupo de Operaciones Policiales Especiales], me formalizaron porque andaba sacando fotos a la noche, una tontería. Me tuvieron arrestada cinco horas, me desnudaron, de verdad que me asustaron demasiado. Yo nunca en mi vida había estado arrestada". Por el miedo a más represalias, se ha pasado yendo y viniendo a Santiago.
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Desde 2016, las empresas del complejo industrial y el Estado chileno están demandados por daño ambiental; la demanda busca la reparación del ambiente. A su vez, a raíz de los episodios ocurridos en agosto de 2018, el Estado también enfrenta cinco querellas que aglutinan las demandas de 693 personas que buscan una indemnización por los daños generados en su salud por las emisiones tóxicas de las empresas del parque industrial, entre las que están Oxiquim, Enap y Gasmar.
Además, varios colectivos sociales se han organizado y presentado más recursos de protección por el daño ambiental y de salud que también buscan revertir la situación, informó a Sputnik Eduardo Jara, abogado de uno de los colectivos, el Movimiento ciudadano Recuperemos Puchuncaví-Quintero, Comunidad Campomar.
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A su vez, el 11 de diciembre, Alonso (presidenta de MUZOSARE), junto con Cristina Lux y Alejandra Donoso, abogadas de la Defensoría Ambiental, estuvieron en Ginebra, Suiza, participando como representantes de la sociedad civil chilena en la Presesión 32 del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas.
Allí contaron la situación que viven las comunidades desde hace décadas, pero que este año se empezó a manifestar más explícitamente por la masividad de los casos de intoxicación que se dieron, además, al mismo tiempo.
"Necesitamos una legislación especial para que no existan más zonas de sacrificio en Chile, para que nuestros niños y niñas puedan estar sanos por fin, para que podamos vivir en un medio ambiente libre y limpio de contaminación", dijo Alonso.
