El plan Ruta Futuro se sustentará en cinco pilares con los que pretende reducir la oferta y el creciente consumo de estupefacientes en el país. Estos son: la disminución del consumo de drogas, el ataque a la oferta, la desarticulación de las organizaciones criminales, luchar contra las economías y rentas del crimen organizado y la transformación de territorios hacia economías lícitas.
"De hecho, la Ruta Futuro está promocionada como un retorno a la guerra contra las drogas. Por estos días han estado circulando imágenes que dicen "la guerra contra las drogas no se ha perdido" y "estamos listos para combatir" con una imágenes de policías. Simbólicamente esto está en el discurso pero también es lo que va a pasar en la práctica, aseguró Cruz.
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El plan del Gobierno colombiano espera disminuir los cultivos, que aumentaron un 17% en 2017 y alcanzaron un récord de 171.000 hectáreas, 25.000 más que en el año anterior, según un informe presentado en septiembre pasado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
"Por primera vez estamos viendo en una política de esta naturaleza la integración de puntos de vista que van desde la salud pública hasta la lucha efectiva y focalizada contra las distintas manifestaciones del crimen", dijo el presidente Iván Duque en la presentación.
El entrevistado explicó cómo desde el inicio de este nuevo Gobierno el 7 de agosto se han dado pasos muy claros en reactivar una agenda un poco más conservadora. Estamos viendo la reedición otra vez en Colombia de la guerra contra las drogas, amparada en dos argumentos centrales: salvar a los niños y jóvenes de las drogas y el aumento del consumo, explicó Cruz.
"No estamos diciendo nada nuevo, es lo mismo que se dice hace 30 años, pero el punto es que esta vez tenemos un poquito más de información y con mejores argumentos como para decirle al Gobierno que no tiene la razón", aseguró el especialista colombiano.
Según contó, "no hay certeza del aumento del consumo en Colombia, básicamente porque no se han actualizado las encuestas de consumo y los datos con los que está trabajando el Gobierno actualmente son de 2013".
"Colombia tiene un gran problema con las drogas, y es que tenemos una producción muy alta de cocaína, tenemos muchas redes de microtráfico ya establecidas en muchas ciudades del país que están dinamizándose en este momento pero también tenemos un problema de estudio muy deficitario del consumo", aclaró el especialista
Pero los territorios rurales son las zonas más vulnerables, producto de las precarias condiciones de desarrollo donde las personas no tienen acceso a los servicios públicos y no hay una certeza de la estructura de tenencia de la propiedad.
"Todo esto genera que el estado tenga una visión muy negativa de estos territorios, enfocándose en la lucha contra la coca pero y no así en los problemas de desarrollo rural que, en última instancia, son la causa estructural de por qué Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo", sostuvo Cruz.
¿Y los Acuerdos de Paz?
Según el experto, este convenio intentó dar una solución, aunque no fuera la más adecuada, pero sí la única posible.
"Pasa que toda la discusión del programa de sustitución se concentró en la atención inmediata, que es un subsidio familia-familia para aquellos que arrancan los sembrados de coca. Básicamente la gente se suscribe al programa, se les obliga a arrancar las plantas y el Estado les gira 700 dólares cada dos meses para que la economía familiar no se vea afectada", explicó Cruz.
Esto llevó una inversión millonaria a lo que sería sólo el primer paso del programa, mientras el resto seguía en espera. Con la llegada de Duque al poder, habían unas 83.000 familias vinculadas a este proyecto, sin embargo la medida al respecto fue detener todos los pagos a las familias y el avance del programa en general para estudiar los casos.
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Cruz contó cómo se comenzaron a retirar familias del programa porque no eran propiamente cocaleras lo que hizo que se defraudara la confianza de las familias en el programa.
"Esta parálisis va en contra de los Acuerdos porque la gente vive en zonas donde el único ingreso posible para llevar una vida digna es la coca, y si el Estado retira esta ayuda entonces volverán a sembrar", aseguró el experto.
En esta situación, lo más delicado, es que al momento de inscribirse al Programa estas familias dieron sus datos y "básicamente confesaron" que producían tres o cuatro hectáreas de coca. "Entonces si estas personas siembran de nuevo será muy fácil identificarlas y pueden ser judicializadas, que es lo peor que puede pasar", advirtió Cruz.
