El Poder Judicial ha dado un plazo de 30 días para que "se elaboren las normas administrativas (directiva y procedimientos) que regulen el nuevo registro", según el comunicado, publicado en el diario oficial El Peruano.
El registro está diseñado especialmente, aunque no exclusivamente, para que el personal docente y administrativo de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, no pueda ejercer si está siendo procesado por alguno de los tres delitos mencionados.
Previamente ya existía para este fin el Registro Nacional de Condenas, pero funcionaba exclusivamente para personas que ya contaban con una sentencia.
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El Registro Nacional de Procesados será de acceso público y el Poder Judicial tiene previsto el desarrollo de un aplicativo para celulares a fin de averiguar rápidamente la situación judicial de un ciudadano.
