"Hoy como nunca experimentamos un desbordado estado de intimidación, expresamos a los ciudadanos su solidaridad y solicitamos a la prensa libre y sus periodistas no bajar la guardia en su compromiso con la verdad", indicó en un breve comunicado Jesús Albeiro Yepes, apoderado del exfuncionario estatal.
Yepes no se refirió a ninguna intimidación en especial, pero versiones de prensa colombiana indican que hace referencia al fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, quien el pasado martes, durante una intervención en el Senado, acusó a Andrade de encabezar una conspiración en su contra junto con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Según Martínez, Moreno le sugirió a Andrade (de quien es primo) que, ante las investigaciones que le lleva a cabo la Fiscalía por el caso de Odebrecht, debía salir a los medios para defenderse, lo cual es considerado por el fiscal general como una conspiración en su contra.
El jueves, Moreno negó a través de un comunicado que haya intervenido en el proceso judicial que se sigue en Colombia contra Andrade.
"Soy, en efecto, primo de Luis Fernando Andrade (…), quiero reiterar que no he intervenido ni pienso intervenir en los procesos de investigación que adelantan las autoridades y entes de control de Colombia o de ningún país en relación al señor Andrade", indicó Moreno.
Temas relacionados: Autoridades forenses de Colombia investigan botella con cianuro en caso Odebrecht
Andrade permanece con detención domiciliaria en Bogotá en el marco de las investigaciones que se le siguen por supuestas irregularidades en el contrato de infraestructura que se suscribió en el 2010 para la construcción de la llamada Ruta del Sol II, una importante red de carreteras en el país que terminó en manos de Odebrecht y de su socia en Colombia, la firma Corficolombiana.
Según la Fiscalía, Andrade avaló adición presupuestal que favoreció a la firma Odebrecht durante la construcción de la Ruta del Sol II, respecto de lo cual el exfuncionario se declara inocente y señala que no recibió ningún soborno.
Por estos hechos enfrenta un juicio por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, falsedad en documento privado, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
De hecho, el pasado 13 de noviembre, a través de una carta, el embajador de EEUU en Colombia, Kevin Whitaker, pidió al Estado que refuerce la seguridad de Andrade y su familia, ya que el exfuncionario posee la nacionalidad estadounidense.
Las intimidaciones expresadas el jueves por la defensa de Andrade se dan en el marco de la investigación que se sigue por las misteriosas muertes de Jorge Enrique Pizano (supervisor especial en la Ruta del Sol II) y de su hijo Alejandro hace tres semanas, el primero de los cuales falleció por un infarto cardíaco y el segundo tras ingerir una bebida que contenía cianuro.
Ambas muertes son investigadas como un posible homicidio, ya que Jorge Enrique Pizano era pieza clave en el escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia y su caso tiene en la palestra pública al fiscal Martínez, quien al parecer conocía de las coimas desde 2015 y no las denunció, por lo que desde varios sectores le piden que renuncie a su cargo.
Martínez, por su parte, afirma que no dejará su cargo como fiscal general de Colombia.
Odebrecht habría pagado hasta 84.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares) en coimas en Colombia para beneficiarse con la adjudicación de contratos de obras de infraestructura, informó la Fiscalía.
