De todas esas recomendaciones hechas por el organismo autónomo del Estado "204 conforman el análisis que presentamos, ya que relatan casos de violaciones graves a los derechos humanos como torturas, desapariciones y ejecuciones", dice el documento elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CNDH) y divulgado el jueves.
"En 7 de cada 10 documentos, los perpetradores de los crímenes fueron militares de las fuerzas armadas", indica el resumen.
Durante el periodo de más de una década de la llamada "Guerra contra las drogas", como la bautizó el propio gobierno, las recomendaciones de los defensores identificaron a 1.069 víctimas de graves violaciones perpetrados por agentes del Estado.
"De ellas, 929 fueron víctimas directas de tortura, asesinato o desaparición forzada; las demás, fueron víctimas de detenciones arbitrarias o, a la hora de las detenciones de sus familiares, sufrieron robos o daños a sus propiedades", precisa el documento.
Debido a la naturaleza oficial de los documentos analizados, que contienen recomendaciones de la CNDH en su función de defensor del pueblo, con competencia en el ámbito federal, los principales hallazgos sobre las violaciones perpetradas se centran en militares y policías.
Temas relacionados: Defensor de víctimas de México exige que finalice "impunidad militar" para lograr la paz
Además, 148 recomendaciones se refieren a casos de tortura, que suman 527 personas que fueron víctimas, de las cuales 389 fueron torturadas por elementos de las fuerzas armadas.
Para el organismo resulta importante señalar que casi la mitad de las 252 víctimas, que son 48 por ciento del total, "fueron torturadas en el interior de instalaciones militares", tales como cuarteles, bases o campamentos castrenses.
Otras 75 recomendaciones documentan asesinatos cometidos por agentes de seguridad del Estado, y 270 víctimas de ejecución extrajudicial.
"Las fuerzas armadas fueron identificadas como el principal perpetrador de estos asesinatos en el 60 por ciento de las recomendaciones", de la CNDH.
La llamada "guerra contra las drogas" contra el crimen organizado comenzó a raíz de la estrategia de seguridad del gobierno del expresidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, que fue continuada por el mandatario saliente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
