"El creciente papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, aunado a la ausencia de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, ya ha dado lugar al bien documentado incremento en las violaciones de derechos humanos en México", señalaron relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde la sede del organismo en Ginebra.
"Estas preocupaciones fueron compartidas con los Ministros y Ministras de la Suprema Corte el pasado 12 de noviembre; la decisión de la Corte declarando la inconstitucionalidad de la ley adoptada en 2017, se tomó tres días después", el 15 de noviembre, para anular la ley que fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre del año pasado, revela un comunicado de los relatores.
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Los expertos señalaron asimismo numerosas recomendaciones que han sido emitidas por diversos mecanismos de la ONU, respecto a "la necesidad de restringir la participación de las Fuerzas Armadas" en tareas de seguridad.
Los expertos se han manifestado a favor de "separar debidamente las funciones policiales y militares, así como de instituir mecanismos efectivos de control civil y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos" cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
Los titulares de las relatorías "urgieron al Estado mexicano a no adoptar ninguna medida que consolide el paradigma militar en materia de seguridad", dice el posicionamiento.
Esa exhortación atañe al próximo gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien anunció la semana pasada su decisión mantener los cuestionados despliegues de las fuerzas armadas en contra del crimen organizado que comenzaron hace una década y de crear una Guardia Nacional militarizada bajo para reemplazar a la Policía Federal, que considera corrupta e ineficiente.
Los relatores reiteraron su disposición para asistir al Estado mexicano en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país", a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos.