En una carta enviada a la presidenta del Congreso de los Diputados (Cámara Baja del Parlamento), Ana Pastor, y el Senado (Cámara Alta del Parlamento) el pasado 20 de noviembre y hecha pública por los medios locales, Mijatovic traslada su preocupación por la ley.
"Encuentro particularmente problemático que se puedan imponer sanciones a personas que convocan manifestaciones no notificadas", escribe la comisionada, que juzga que estas sanciones pueden suponer una "restricción intrusiva que sobrepasa el criterio de necesidad y proporcionalidad".
También critica la posibilidad de aplicar sanciones "de manera arbitraria" a partir de una interpretación laxa de la ley y recuerda que España carece de un organismo independiente al que dirigir las quejas contras las fuerzas policiales.
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El Consejo de Europa recoge la cifra de hasta 21.122 sanciones el año pasado por haber faltado el respeto a la Policía, considerando que no tienen una fundamentación clara, por lo que podría haber existido un abuso de la aplicación de la norma hacia manifestaciones pacíficas o "disrupciones menores" que no pueden considerarse como "en contra de la ley" de acuerdo a los tratados internacionales sobre derechos humanos y libertad de expresión.
