De esta manera, el tribunal mantuvo sin cambios la sentencia dictada a la exmandataria en julio por violaciones de la ley electoral, en particular por interferir en el nombramiento de candidatos del antiguo partido gobernante partido Saenuri para los comicios al Parlamento, celebrados en 2016.
En abril pasado fue sentenciada a 24 años de prisión y al pago de una multa de 18.000 millones de won (casi 16 millones de dólares), al ser declarada culpable de 16 de los 18 cargos que se le imputaban, incluyendo sobornos, coerción y abuso de poder.
En julio, un tribunal independiente la condenó a ocho años de prisión más por haber recibido ilegalmente fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (seis años de cárcel), y haber interferido en las elecciones parlamentarias de 2016 (dos años de prisión).
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En agosto pasado el Tribunal Supremo de Seúl aumentó de 24 a 25 años su primera sentencia, con lo que la condena total de la expresidenta ascendió a 33 años entre rejas.
