Así lo anunció la portavoz del Gobierno de Cataluña, Elsa Artadi, en rueda de prensa este 20 de noviembre.
La Generalitat (Gobierno catalán) cifra en 130 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la intervención del autogobierno, según un informe comisionado por el Ejecutivo de Quim Torra.
La cifra, que es el resultado de los gastos que Barcelona entiende que no deberían haberse producido, no es sin embargo definitiva, según adelantó Artadi.
El Ejecutivo central intervino el autogobierno catalán el 27 de octubre de 2017, el mismo día en que el Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia a partir de los resultados del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
La intervención se realizó en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que permite al Gobierno central, previa autorización del Senado (Cámara Alta del Parlamento), intervenir un gobierno autonómico para restablecer la legalidad.
La aplicación del 155 el pasado 27 de octubre de 2017 se extendió hasta la formación del Ejecutivo de Torra y fue la primera en toda la historia constitucional moderna de España.