La juez Melanie Carter, que presidió la vista pública con otros dos miembros del Tribunal, advirtió de la posible demora en hacerse pública la resolución de la querella interpuesta por la reportera de investigación, Stefania Maurizi.
"Vamos a tener que deliberar entre nosotros", dijo tras cinco horas de escuchar testimonios de testigos y argumentos de los abogados de ambas partes.
Maurizi ha recurrido la respuesta imprecisa del Servicio de Policía Metropolitana de Londres (MET) a su solicitud, cursada bajo la Ley de Acceso a la Información, de documentación que tenga en su poder sobre Kristinn Hrafnsson, Sarah Harrison y Joseph A. Farrell, miembros de la plataforma digital creada por Julian Assange.
La MET se amparó bajo el argumento de "ni se confirma ni se niega" la existencia de dichos ficheros, adoptando una postura que todavía avala la OCI, según confirmó el abogado de esta entidad, Robin Hopkins, durante la vista pública del 20 de noviembre.
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El letrado puso en duda, entre otros puntos, la envergadura del "consentimiento" que Maurizi obtuvo del trío de WikiLeaks para reclamar datos personales y "confidenciales" sobre ellos mismos que pudiera retener Scotland Yard.
"Parece que se le ha escapado el gato de la bolsa y hay una investigación penal, pero quién sabe si eso es cierto o se ha confundido", señaló una abogada del entorno de WikiLeaks al término de la sesión.
Maurizi remitió su petición de información a la policía londinense en 2017 en el curso de una investigación sobre Assange y WikiLeaks que le llevó a consultar archivos oficiales en Suecia, Australia.
