"La ONU-DH reitera su discrepancia con una Ley que lesiona los derechos humanos y fortalece el 'statu quo' que ha demostrado su ineficacia para proveer seguridad y tutelar los derechos fundamentales de la población", dijo la oficina del representante permanente en el país, Jan Jarab.
La oficina de Jarab afirma que "de esta discusión dependerá, en importante medida, el modelo de seguridad en México y el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad", puntualiza el posicionamiento.
Los ministros resolverán cinco impugnaciones a la ley.
En la primera sesión del pleno de la SCJN para el análisis de la controvertida ley, promulgada en diciembre de 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto, solamente fue ratificado el ingreso de las demandas de inconstitucionalidad, promovidas por senadores, diputados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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El presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar Morales, expresó que la revisión de la ley y sus impugnaciones se llevarán a cabo "atendiendo a la realidad del país, que limite y contenga reglas precisas para la actuación de las fuerzas armadas en el control de la problemática de carácter interno, mirando siempre por la cabal vigencia de los derechos humanos", dijo el titular del Poder Judicial.
Para combatir la inseguridad y la violencia "no podemos dejar de utilizar al Ejército ni a la Marina", enfatizó López Obrador.
En cambio, Porfirio Muñoz Ledo, presidente del nuevo Congreso de México, dijo que la Ley de Seguridad Interior "es insostenible, tiene que haber un regreso gradual del Ejército a sus funciones normales", afirmó el legislador en una entrevista con Sputnik, el 31 de agosto pasado.
"El país no puede vivir siempre en un Estado de excepción", enfatizó el veterano político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) con mayoría en ambas cámaras.
Los despliegues militares en tareas de seguridad pública comenzaron hace una década, cuando el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) decretó la guerra abierta contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.
El año pasado la violencia criminal costó más 31.000 vidas, el más violento en un siglo, y en una década esa guerra dejó más de 35.000 personas desaparecidas.
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