"La creación de una sección, y de un procedimiento separado para las Fuerzas Militares, que los separe del marco existente de la JEP (Jurisdicción Especial de Paz, tribunal de paz), creará un mayor retraso en la realización de la justicia para casos que requieren atención urgente", dijo el funcionario, según declaraciones publicadas por el diario local El Espectador.
En la actualidad, y por iniciativa del partido de gobierno, Centro Democrático, que lidera el expresidente y senador derechista Álvaro Uribe (2002-2010), se trabaja en la modificación de la JEP en el Congreso para que se designen catorce magistrados que conozcan de temas relacionados con la Fuerza Pública, de manera tal que sean estos los que juzguen a los militares.
Según Stewart, Colombia debe cumplir con sus obligaciones de Estado para hacer justicia a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes atroces, por lo que la iniciativa de que los militares sean juzgados de manera diferenciada a los excombatientes de la guerrilla de las FARC preocupa a la CPI.
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El vicefiscal pidió respeto al trabajo de los magistrados del tribunal de paz que llevan los casos de militares y exguerrilleros que participaron en el conflicto armado.
"Permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo, apóyenlos en todos los aspectos que sean necesarios, la paz con justicia y la rendición de cuentas son formas eficaces de garantizar que la paz sea sostenible y duradera", dijo el funcionario.
En la actualidad la CPI presta especial atención a los casos de juzgamiento de 23 generales y seis coroneles activos del Ejército de Colombia quienes comandaron unidades militares implicadas en 1.228 ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos".
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La CPI ha dejado entrever que si esos militares son beneficiados mediante las medidas que cursan en el Congreso para modificar la JEP, intervendrá al Estado colombiano e iniciará una investigación para garantizar justicia y se pueda reparar de manera efectiva a las víctimas.
