Carrillo Martínez, uno de los principales líderes de la comunidad de la etnia rarámuri del municipio de Guadalupe y Calvo, "fue atacado en Coloradas de la Virgen por hombres armados y falleció por los impactos de municiones de alto calibre", la noche del 24 de octubre, dice la denuncia.
"Un día antes, la víctima conoció que sus agresores lo estaban vigilando, por lo que buscó refugio en un cerro cercano", relata el organismo internacional en un posicionamiento conjunto con la Comisión Nacional de DDHH (CNDH).
El líder comunitario trabajaba en la defensa del bosque ante la tala indiscriminada de árboles en la región serrana de ese estado del norte del país.
Entre otras actividades, impulsaba, con otros miembros de la comunidad, la nulidad de un permiso de aprovechamiento de recursos forestales otorgado por la secretaría federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales a varios actores locales.
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Además de encabezar la defensa del territorio de su comunidad indígena, la víctima era miembro de Alianza Sierra Madre Asociación Civil, organización ampliamente reconocida por su defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Mecanismos de protección inútiles
Ante las amenazas recibidas y a causa del riesgo que enfrentaba, Carrillo Martínez se había desplazado de su comunidad en diferentes momentos y había solicitado la protección de las autoridades federales y provinciales.
"Debido a la defensa de los derechos humanos que Julián Carrillo y otros defensores comunitarios de Coloradas de la Virgen realizaban, la propia víctima ya había sufrido reiteradas agresiones, incluidos los homicidios de sus familiares", dice la denuncia suscrita por Jarab, representante en México de la alta comisionada de la ONU, la dos veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).
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Chihuahua y en particular el municipio de Guadalupe y Calvo, es una de las zonas de mayor peligrosidad para quienes defienden derechos humanos.
"Actualmente, Carrillo era beneficiario de medidas de protección del Mecanismo para la Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas", denunciaron en un posicionamiento conjunto la ONU-DH y la CNDH, que tiene el rol de defensor del pueblo, como organismo autónomo del Estado mexicano.
En su informe de misión presentado en la sede de Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos mencionó que "al visitar el estado de Chihuahua, fui testigo de los riesgos que corrían los defensores de los derechos humanos que protegían los derechos del pueblo indígena rarámuri, una comunidad amenazada por grupos de delincuencia organizada y carente de la protección del Estado".
Como respuesta a esa tendencia, el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno Federal adoptaron un "Plan de Contingencia" para reducir factores de riesgo que favorecen las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, combatir las causas que las producen y diseñar medidas de no repetición.
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Sobre ese proceso, tras su misión conjunta al país también en 2017, el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, y el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión, Edison Lanza, consideraron que "el Plan de Contingencia de Chihuahua, si se desarrolla correctamente y de un modo transparente, tiene el potencial para convertirse en una de las mejores prácticas de la región en materia de medidas de prevención para periodistas y defensores de derechos humanos".
Un día antes del atentado contra Carrillo Martínez, el Tribunal Superior Agrario adoptó una sentencia que reconoce los derechos territoriales a la comunidad de Choreachi, del mismo modo que del municipio de Guadalupe y Calvo; un reconocimiento que sienta un precedente importante.
Pero el crimen no debe quedar impune.
"Urge sentar un precedente positivo que mande una señal definitiva de que los homicidios de defensores de derechos humanos se investigan y se sancionan ejemplarmente", puntualizan los defensores de derechos humanos.
El llamado final exhorta a las autoridades a que adopten medidas efectivas e inmediatas de prevención y protección para quienes defienden derechos humanos en la Sierra Tarahumara.
