"Cerca del 70% de las mujeres privadas de la libertad no tiene una condena firme, cifra considerablemente mayor a aquella presente en la población de varones", sostuvo en su trabajo este organismo público y autónomo de los tres poderes del Estado argentino.
"Este tipo de discriminación que sufren las mujeres frente al sistema de justicia se refuerza si tenemos en cuenta que la gran mayoría de ellas se encuentra detenida por delitos no violentos, ya sea transporte, comercialización o tenencia simple de droga y, en segundo término, por hurto o tentativa de hurto", agregó el organismo.
Al respecto, más de 60% de las mujeres se encuentran detenidas por delitos recogidos en la Ley de Estupefacientes.
La gran mayoría recibió por condena el monto mínimo de la pena prevista en dicha legislación.
Radio: La presa política más emblemática de Argentina cumple 1000 días detenida
En paralelo, la institución detectó un aumento de mujeres trans y cis (aquéllas cuya identidad de género coincide con el sexo de su etapa de gestación) detenidas por comercialización e incluso por simple tenencia de estupefacientes.
"Los relatos y experiencias de estos colectivos reflejan modos de llevar adelante estrategias de supervivencia en sociedades atravesadas por la desigualdad y discriminación de género", señaló la PPN.
Pese a todo, el sistema incurre en una "criminalización de estos colectivos" al perseguirlos por delitos no violentos.
Tortura y abusos
En 2017 se documentaron 55 casos de tortura y malos tratos sufridos por mujeres detenidas, de los cuales 27 pudieron ser denunciados.
La institución volvió a recomendar que se brinden alternativas a las estadías en prisión, como las excarcelaciones y los arrestos domiciliarios.
"Resulta indispensable reforzar la articulación de mecanismos de actuación que procuren la debida diligencia de las denuncias por casos de violencia sexual, más aún en contextos de encierro en virtud de la especial situación de vulnerabilidad y riesgo de sufrir nuevos episodios de violencia", aconsejó la PPN.
El informe fue enviado al Grupo de Trabajo de la ONU, que presentará un informe sobre las mujeres privadas de la libertad en el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará en junio de 2019.