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Juez argentino congela cuenta en Suiza de expresidente de Cámara de la Construcción

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BUENOS AIRES (Sputnik) — El juez argentino Claudio Bonadío dispuso el congelamiento de una cuenta bancaria en Suiza con 20 millones de dólares y a nombre del empresario Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción y procesado junto a la exmandataria Cristina Kirchner (2007-2015) por supuestos sobornos durante su gestión.

"Claudio Bonadío ordenó congelar una cuenta bancaria en Suiza con 20 millones de dólares", adelantaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.

La medida fue adoptada a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de un acuerdo de cooperación con las autoridades de Suiza.

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Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, es uno de los arrepentidos procesados en la causa contra la exmandataria y senadora por supuestamente liderar una asociación ilícita a través de la cual se recibían sobornos a cambio de la concesión de obras públicas durante su Gobierno.

El fiscal del caso, Carlos Stornelli, pidió una figura procesal más grave contra Wagner y que se lo considere no solo miembro de la asociación ilícita, sino también uno de sus organizadores.

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En esta investigación están procesadas otras 40 personas, entre empresarios y funcionarios del Gobierno de Fernández, además de la exjefa de Estado.

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El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del ministro de Planificación del Gobierno de la exmandataria, Julio de Vido.

Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el supuesto intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández.

De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.

Decenas de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaban sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.

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Bonadío los procesó por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno.

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