"Se trata de una organización delictiva dedicada al abastecimiento de armas y municiones a grupos disidentes de la frontera norte, entre ellos alias Guacho, quien a su vez tendría un brazo operativo logístico en la provincia de Esmeraldas (noroeste, fronteriza con Colombia), específicamente en el cantón San Lorenzo", dijo Palacios en conferencia de prensa en Quito.
En dicha red estarían implicados siete militares ecuatorianos en servicio activo, que al momento están detenidos preventivamente junto con seis civiles, uno de ellos un funcionario público de la Comandancia General del Ejército y alias Soveida.
El funcionario público detenido estaba a cargo de la tecnología de la información de la Comandancia del Ejército ecuatoriano y tenía acceso a todas las bases a nivel nacional.
La organización delictiva, según la fiscal, operaba con ciertos militares en servicio activo que estaban encargados de los rastrillos, es decir de las bodegas de armamentos, municiones y pertrechos, y proveían municiones para armas largas y cortas a grupos irregulares colombianos.
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Para cometer el ilícito se alteraban los registros de las bases del sistema de inventarios logísticos del Ejército ecuatoriano para justificar el faltante de armamento, municiones y pertrechos de sus rastrillos.
La detención de 13 personas que se realizó en la mañana de el jueves se basó en la intervención de 17 fiscales que allanaron 18 lugares: 13 domicilios y cinco recintos militares en cuatro provincias y en la comandancia general del Ejército en Quito, en el megaoperativo denominado Camaleón, que se realizó en la madrugada del 17 de octubre.