"Por supuesto que vamos a responder de una manera adecuada y con apego al derecho que sigue el gobierno nacional y que sigue la Cancillería. Contamos con absolutamente todo el respaldo judicial del caso ya que es un protocolo adoptado conforme a estándares internacionales y a la ley ecuatoriana", dijo Valencia en un comunicado de prensa.
El Canciller aseguró que la representación diplomática en Reino Unido tiene una "jurisdicción clarísima" que es la del Estado ecuatoriano, y tiene "el derecho de proteger sus oficinas, a los funcionarios que trabajan ahí e incluso al propio señor Assange".
"El protocolo está enfocado en ese sentido. Queremos únicamente que las visitas (de Julian Assange) se registren como pasa en cualquier otra embajada del mundo (…) por cierto, permitiendo que todo aquel que vaya a visitar al señor Assange lo haga. Él tiene ese derecho, sin embargo que lo haga de una manera ordenada y bajo las normas leyes y directrices del gobierno ecuatoriano", enfatizó el canciller en el comunicado.
Entre otras cosas, exige al australiano no pronunciarse sobre temas que puedan afectar a otros estados y establece un riguroso procedimiento para recibir visitas o atención médica, órdenes que de no cumplirse llevarán a la pérdida del asilo por lo que Assange deberá abandonar la embajada y entregarse a las autoridades inglesas.
También establece que a partir del 1 de diciembre, por recortes presupuestarios en Ecuador, Assange deberá cubrir los gastos de alimentación, cuidados médicos, lavandería u otros relacionados con la estadía, al igual que los de arriendo, electricidad, agua potable, calefacción y el servicio de comunicaciones por WiFi.
