"No tengo nada que ocultar, todas mis gestiones han sido públicas, autorizadas y de cara al país; por eso le pedí al propio fiscal General (Néstor Martínez) que se investigue (la extorsión)", dijo Córdoba al diario local El Tiempo.
Asimismo, precisó que las amenazas se iniciaron cuando recibió una millonaria indemnización dentro del proceso por el cual se le restauraron sus derechos políticos, luego de que en 2016 el Consejo de Estado revirtió una decisión de la Procuraduría que la inhabilitó por 14 años para ocupar cargos públicos por "colaborar y promover a la guerrilla de las FARC".
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Córdoba alcanzó a estar inhabilitada por seis años, luego de lo cual el fallo ordenó que su salario fuera pagado de manera retroactiva y que además fuera indemnizada.
Las extorsiones fueron realizadas a la excongresista a través de su teléfono celular, mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.
Córdoba mantuvo cercanía con el expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1954-2013) y colaboró en el proceso de paz con las FARC, para lo cual también estrechó lazos con el mandatario de ese país, Nicolás Maduro.
