"El Gobierno falta a la verdad: el Estado de Chile sí está obligado a impulsar el matrimonio igualitario, pues así lo comprometió ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Y el actual Gobierno también firmó ese compromiso", declaró el movimiento en un comunicado de prensa publicado en su página web.
Pero el actual Gobierno de Sebastián Piñera señaló a la CIDH el 2 de octubre que ni el Estado ni el Poder Ejecutivo están obligados a impulsar el matrimonio igualitario.
Además, señaló Piñera, el Ejecutivo no puede obligar a ejecutar una acción que compromete a otro poder del Estado (Poder Legislativo).
Por último, el Gobierno sostuvo en la reunión que asumió el compromiso de impulsar de manera permanente el matrimonio igualitario.
El Movilh dijo que es "falso" que la administración hubiese cumplido con ese impulso.
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El movimiento aseguró que insistirá para que la Cámara de Diputados cite al Gobierno con el objeto de que brinde explicaciones sobre las "inconsistencias y afirmaciones falsas que se han dicho sobre el acuerdo".
Durante los últimos seis años, en Chile entraron en vigencia algunas leyes que protegen a la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), entre las que se destacan medidas contra la discriminación y la derogación de normas internas dentro de las Fuerzas Armadas que impedían a los homosexuales ingresar al ejército.
Asimismo, en 2015 se aprobó la Ley del Acuerdo de Unión Civil, con la cual parejas del mismo sexo comenzaron a ser consideradas como familia frente al Estado.
A pesar de estos impulsos, el 1 de marzo de este año Piñera anunció que no liderará la tramitación de un proyecto de ley de matrimonio igualitario.
