"La importancia de mantener en reserva la identidad de este comandante es evitar presiones políticas por parte del Estado colombiano, en su momento el Estado le tendrá que responder a la Comisión cuando esta le haga los requerimientos de rigor sobre este comandante", dijo el abogado Gabriel Parra, consignan las radios locales RCN y La FM.
En ese momento el abogado denunció que el director de la cárcel La Picota se negó a cumplir con la orden del Juzgado 24 de Ejecución de Penas de Bogotá que pidió el traslado del exguerrillero a una de las zonas veredales donde se encontraba concentrada esa guerrilla para su desmovilización.
Las medidas cautelares son un mecanismo previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.
Ese artículo establece que en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, "solicitar que un Estado adopte medidas cautelares" para una persona o un grupo de afectados, explica la Comisión en su web.
Los excombatientes argumentaron en su solicitud ante la CIDH, no solo la falta de cumplimiento del acuerdo de paz, sino que entienden que ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni la Fiscalía General han resuelto de fondo su situación jurídica, publica el diario local El Tiempo.
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Al estar preso, no se pudo posesionar en una de las 10 curules a las que el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgido de la desmilitarización de las FARC, tenía derecho luego de firmar el acuerdo de paz, añade El Tiempo.
Afirman que como Santrich se sometió a la JEP no debió ser encarcelado para luego extraditarlo.
La JEP es un tribunal creado en el marco de los diálogos de paz en La Habana para juzgar a actores del conflicto armado, como militares, excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC y terceros que financiaron la guerra.
El Gobierno colombiano y las FARC firmaron el 24 de noviembre de 2016, en Bogotá, un acuerdo final de paz que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado.
El 2 de septiembre de 2017, las FARC hicieron oficial su transición a la vida política al convertirse en un partido de izquierda, manteniendo su histórica sigla.
