"Un estudio realizado por la Dirección de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura (CJ) permitió identificar que por ejemplo, los Complejos Judiciales Quito, Guayaquil (Costa Pacífica), Otavalo (norte) y Latacunga (sur) registraron un excedente de entre 28% y 72% en sus respectivos costos de construcción", dijo en conferencia de prensa el presidente del Consejo, Marcelo Merlo.
El funcionario estuvo acompañado del Fiscal General, Paúl Pérez, y del coordinador de Infraestructura de la Contraloría, José Cisneros, a cuyos organismos pidió el CJ la pesquisa.
La investigación también detectó irregularidades en contratos de consultoría y diseño, etapas de fiscalización de las obras y adjudicación de proyectos para grupos que mantenían nexos familiares con una de las exautoridades de la institución.
En los cuatro casos, el análisis financiero se realizó a base de la comparación de los precios contratados versus los precios institucionales actuales, señaló Merlo.
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Según Merlo, la mayoría de problemas detectados surgieron a partir de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial que realizó el expresidente Rafael Correa.
