"Cuando nos topamos con casos como este, y tenemos algunos otros, nunca estaremos satisfechos, pero la ley mandata beneficios y no puede ser a modo", dijo el subprocurador Felipe Muñoz en un mensaje a medios de comunicación.
El exgobernador veracruzano fue sentenciado por la malversación de 61.000 millones de pesos (unos 3.200 millones de dólares) y deberá pagar una multa de 58.890 pesos (unos 3.000 dólares), casi un dólar por cada millón de dólares defalcado, además de perder sus propiedades.
"Nos tenemos que ceñir a lo que la ley manda, este sistema prevé beneficios, tendremos que acogernos a lo que la ley señala", puntualizó Muñoz, titular de la dependencia especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), que depende del poder Ejecutivo.
El exfuncionario encabezó una red de empresas "fantasmas" o de papel para malversar fondos públicos, pero afirma que es "víctima de una persecución política".
La procuraduría continuará la investigación sobre otros involucrados y espera tomar control de 41 propiedades de Duarte en México y en otros países.
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Duarte pidió licencia semanas antes de terminar su mandato y se fugó en un helicóptero en octubre de 2016 a Guatemala, pero en abril de 2017 fue detenido y tres meses después extraditado.
