"Hay un acuerdo ministerial (de la cancillería ecuatoriana) mediante el cual se nombra a Julian Assange como representante diplomático de Ecuador en Moscú", dijo Vintimilla.
La legisladora opositora recibió de la cancillería una carpeta con documentación completa sobre el caso Assange, desde que se le concedió asilo diplomático en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido el 16 de agosto del 2012.
Una carta de dos páginas en la que se designa a Assange como representante diplomático de Ecuador en Moscú, a la que Sputnik tuvo acceso, está fechada el 19 de diciembre de 2017 y firmada por quien era entonces el ministro de Relaciones Exteriores subrogante, Byron Suárez.
Antes de ese nombramiento, el fundador de WikiLeaks obtuvo una "designación especial" del Gobierno ecuatoriano para que prestara sus servicios en la embajada de Ecuador en Reino Unido, donde está asilado desde 2012.
En otra carta, fechada el 4 de diciembre del año pasado y que Sputnik también pudo ver, Assange renunció voluntariamente al asilo político concedido por Ecuador y agradeció poder continuar bajo la protección del Estado ecuatoriano como persona internacionalmente protegida, al haberle concedido Quito el estatus diplomático.
Esa carta está firmada por Assange y por su abogado, el exmagistrado español Baltasar Garzón.
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La opositora sostuvo que el plan de enviar a Assange a Moscú no se pudo concretar porque primero debía tener calidad de diplomático para poder salir libremente de Londres y viajar a la capital rusa a presentar sus credenciales.
"Al no tener esa inmunidad diplomática para poder salir de la embajada, no pudo ir a Moscú", añadió la legisladora.
Luego del rechazo de Londres a conceder estatus diplomático para Assange, el propio Suárez anuló, el 29 de diciembre, el acuerdo ministerial que designaba al ciberactivista como consejero en la embajada de Ecuador en Moscú.
Vintimilla pedirá a la Contraloría General del Estado que investigue probables responsabilidades administrativas de la entonces canciller María Fernanda Espinosa, actual presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en lo que calificó como "una serie de irregularidades" en torno al caso Assange, incluida la forma en que se le concedió la ciudadanía ecuatoriana.
La semana pasada Vintimilla pidió al Gobierno de Lenín Moreno que retirara la nacionalidad ecuatoriana a Assange por las irregularidades que dijo haber hallado y porque el mismo Assange renunció a su calidad de asilado político.
De hecho, el 11 de enero de este año, la ministra Espinosa confirmó en rueda de prensa que el Gobierno había concedido la naturalización a Assange el 12 de diciembre de 2017.
Assange "solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana su naturalización el 16 de septiembre de 2017 (…) esta naturalización fue concedida el 12 de diciembre del año 2017", dijo Espinosa en rueda de prensa.
En esa misma conferencia de prensa la entonces canciller reconoció que el 20 de diciembre se solicitó al Reino Unido la acreditación de Assange como diplomático y que "esa petición fue negada".
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El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podría enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos filtrados que eran secreto de Estado.
En mayo de 2017 Suecia anunció el archivo de la última investigación que tenía pendiente contra Assange.
Pero Londres mantuvo activa la orden de captura contra él por huir de la justicia británica cuando esta intentó detenerlo por la extradición.
Las relaciones entre el australiano fundador de WikiLeaks y el Gobierno ecuatoriano se han ido deteriorando desde 2016, cuando se lo conminó a no emitir comentarios contra terceros países, sobre todo en campañas electorales, en referencia a las elecciones de Estados Unidos.
En aquella ocasión, WikiLeaks reveló miles de correos supuestamente robados de la cuenta de John Podesta, jefe de campaña de la entonces candidata demócrata Hillary Clinton, que finalmente perdió la presidencia de Estados Unidos frente a Donald Trump.
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El 28 de marzo de este año, Ecuador cortó todas las comunicaciones de Assange con el exterior y le advirtió que podría adoptar "nuevas medidas ante el incumplimiento del compromiso" de no inmiscuirse en esos temas.
"Lo vamos a proteger en lo que respecto a su vida se refiere. Por supuesto, esto también tiene condiciones, hay que cumplir las condiciones y el señor Assange en más de una ocasión ha rebasado esas condiciones y ha hecho declaraciones que no corresponden principalmente a la política de países amigos, y eso no está dentro de sus derechos de asilado", dijo Moreno en esa ocasión.
El australiano continúa incomunicado hasta la fecha.
El temor de Assange es terminar finalmente deportado a EEUU donde podría ser juzgado por delitos que se castigan con la pena de muerte, por haber publicado secretos de Estado.