"No tuvo ningún impacto a nivel productivo", dijo en rueda de prensa Àngels Chacón, consejera de empresa del Gobierno catalán.
Según el informe, desde octubre de 2017 hasta agosto de 2018 se identificó el traslado fuera de Cataluña de 3.700 códigos de identificación fiscal, 2.501 de ellos pertenecientes a empresas, lo que equivale al 0,59% de la base empresarial del territorio.
Pese a negar que estos movimientos produjeran ningún impacto económico, Chacón demandó al Gobierno español la derogación del decreto creado para facilitar el traslado de las sedes sociales de empresas.
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A su modo de ver, este decreto, que según el antiguo Gobierno español pretendía ofrecer salidas a los empresarios ante la inseguridad jurídica creada por la inestabilidad política, fue creado con "una marcada intencionalidad política para "fomentar la crispación entre territorios y fomentar el miedo".
